Como era previsible, en el discurso de investidura, Mariano Rajoy desgranó algunos de los planes económicos que implementará el Partido Popular, que goza de una mayoría absoluta en el Parlamento. Omitió dar cuenta de otros asuntos más punzantes, según criticaron desde las filas opositoras. Alfredo Serrano Mancilla, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, destacó en diálogo con Página/12 que la eliminación de las prejubilaciones es un retroceso a un derecho laboral adquirido.

–Por la vía del ingreso está claro que no hay cambio: el gobierno del PP no va a atacar los impuestos a las grandes fortunas ni los impuestos especiales. Menos aún retomar el abolido gravamen al patrimonio. El gobierno de Zapatero ya reformó el IVA –del 16 al 18 por ciento la tasa general y del 7 al 8 por ciento para algunos productos–; y la política de Rajoy será claramente continuista.

–Era esperable que tocara las prejubilaciones. El PSOE ya reformó las pensiones hace un año, en consecuencia la edad para jubilarse irá subiendo de 65 a 67. Rajoy propone meterse con un derecho legal de cualquier individuo a prejubilarse a los 60 años. Esto requerirá un cambio fuerte en la legislación española. Es decir, es un retroceso de otro derecho laboral adquirido en negociaciones colectivas y la forma más efectiva de alargar el período de la jubilación. La exigencia de Alemania era muy fuerte en este punto.

–Rajoy confía en que la empresa privada cree empleo a través de la reducción de impuestos a las compañías que contraten trabajadores. No aclara cuál debe ser el sector económico que genere puestos de trabajo. El PP apostará al ajuste fiscal, a la misma receta neoliberal de los años ochenta. Hace un año, el gobierno del PSOE aprobó una reforma laboral que abarató los costos de despidos. Entre otras cuestiones, dicha reforma le dio mayor protagonismo a las empresas de trabajo temporal, siguiendo el sendero de la precariedad trazado en la reforma laboral de 1994; además volvieron los contratos de fomento (aprobados en época de Aznar, en 1997), permitiendo que sean más colectivos los que se puedan despedir por una indemnización de 33 días.

–Que no creará ningún instrumento para combatir activos tóxicos en el sistema financiero español. Seguirá privatizando la banca pública, afectando a lo poco que queda de ello, las cajas de ahorro, y continuará favoreciendo a la estructura oligopólica, de concentración de bancas.