Al menos nueve personas fueron detenidas ayer por la presunta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en relación con la concesión de obras de construcción del tren de Alta Velocidad (AVE) en Barcelona. Es la primera operación contra la corrupción en los últimos veinte años en relación con un tipo de proyecto en el que España se considera modélica y en el que se gastaron millones de euros.

Entre los arrestados figuran altos responsables de la empresa pública ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y el jefe de obras de la empresa adjudicataria, Corsán Corviam (actualmente Isolux Corsán), quien supuestamente infló los precios de las obras, según fuentes judiciales. Concretamente, se investiga la concesión de la construcción del AVE en el tramo que va desde la estación La Sagrera al nudo de la Trinidad, en el norte de Barcelona, obras que se hicieron entre 2008 y 2011, y que la empresa Corsán se adjudicó por 67,9 millones de euros.

En el marco del operativo, la Guardia Civil registró la sede central de ADIF en Madrid y las oficinas del ente público en Barcelona, así como de Isolux Corsán, en el centro de la ciudad condal. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Corsán habría obtenido unos seis millones de euros (8,3 millones de dólares) por el sobreprecio de las obras. Los investigadores buscan determinar ahora de qué forma se beneficiaron los responsables de ADIF, quienes habrían sido sobornados para consentir el fraude.

Tras destaparse el presunto caso de corrupción, la ministra de Fomento española, Ana Pastor, aseguró a la prensa que su departamento, del que depende ADIF, colaborará con la Justicia, proporcionando toda la información que se solicite relacionada con el caso. Isolux Corsán es una compañía global especializada en grandes infraestructuras, energía, construcción y servicios industriales, que está presente en 43 países, y que el pasado año generó 3200 millones de euros, según informa en su página web.

En España, la empresa participó en la ejecución de todas las líneas de alta velocidad que están en servicio en el país. De acuerdo con la información publicada por la prensa española, la Operación Yogui, que investiga la presunta malversación de fondos en la construcción de un tramo del AVE en Barcelona, se originó en la denuncia de irregularidades en la ejecución de obras por parte de los competidores de Isolux Corsán.

Ayer, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Siim Kallas, afirmó que debe discutirse la presunta malversación de fondos en torno de las obras del tren AVE e indicó que no tiene noticia de que el caso haya afectado a subvenciones europeas. “Debe tratarse, por supuesto”, afirmó Kallas preguntado por la detención ayer de nueve personas acusadas de falsear mediciones en obras del AVE.

“La corrupción es muy mala, pero es una cuestión de quién (está implicado) y de qué dinero ha sido malversado”, apuntó Kallas, y afirmó que por el momento no tiene ninguna información de que se hayan malversado fondos europeos. “Pero si la recibo, por supuesto que abordaré la cuestión”, aseguró el responsable comunitario de Transportes y encargado en funciones de la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios, después de que Olli Rehn dejara sus tareas para abocarse a la campaña electoral de cara a los comicios europeos de fines de mayo.

La operación policial que derivó en las nueve detenciones, que parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de enero, investiga si directivos de la contratista Corsán se contactaron con funcionarios públicos de ADIF encargados de las obras y con técnicos externos. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados en las obras, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final. De ese modo justificaban más trabajos que los que realmente habían efectuado, en beneficio de la contratista y en perjuicio de los fondos públicos.

La Fiscalía también investiga si la propia adjudicación de la obra a la contratista pudo presentar irregularidades. Los funcionarios de ADIF implicados podrían haber recibido contraprestaciones económicas por su conducta ilícita, ordenadas por un directivo de la contratista.