EL PAíS › JOSE LUIS CORAGGIO *

Estigmatizar

¿Es correcto definir a un sector por una de sus formas de manifestación más notoria, no por su situación, o por el proyecto que el país tiene para ellos? ¿Por qué se los llama “piqueteros” en lugar de llamarlos “desocupados involuntarios” o “futuros productores asociativos”? Para los desocupados, participantes o no de piquetes, se requiere un proyecto estructural y no de mero aguante sin tiempos ni metas claras. La legitimidad de sus acciones depende en parte de lo que haga o no haga el Gobierno. Pueden valorar el estilo y muchos contenidos de las acciones del Ejecutivo, pero saben que no alcanza para resolver la cuestión social. En ausencia de un proyecto creíble que los incluya como ciudadanos plenos tienen el derecho de reclamarlo, aunque también tienen que pensar colectivamente cómo pueden generar alianzas amplias por un cambio del régimen económico, por un papel más activo e inmediato del Estado. No se dejan ocultar detrás de paredes o fronteras vigiladas para que no los vean los que se reengancharon en la posconvertibilidad, y que hoy, olvidado su desempleo o el corralito, hacen el juego a la campaña de estigmatización. Nos indican que no son sólo argentinos con problemas personales, sino que la Argentina tiene una problemática socioeconómica sin encarar. Y que no ven todavía la decisión de sacarnos de esta posición de país generador de rentas extractivas y pagador de deudas que agotan nuestro excedente y nuestros recursos naturales y humanos sin reinvertir para desarrollar otra estructura socioproductiva.
El Gobierno ha asumido el discurso de la economía social y el desarrollo local. Pero en un sistema tan fuertemente presidencialista como el nuestro, es evidente que el Presidente no lo ha hecho suyo y que ni él ni el ministro de Economía han mostrado creer en la posibilidad –hoy presente en Europa– de impulsar otras formas permanentes y socialmente eficientes de organización de la economía, asociativas, centradas en un trabajo con otra participación en la producción y los ingresos. Algunas organizaciones de desempleados han mostrado que esto es posible, y lo están haciendo con escasísimos recursos y mucha voluntad. No se puede pedir demasiada paciencia a quienes tienen hijos desnutridos, a quienes sólo pueden transportarse a pie, a los cientos de miles de jóvenes que no ven ningún futuro. El Gobierno enfrenta demasiados problemas. Algunos los encara con una calidad que hace rato no veíamos. Sin embargo, no ha convocado y apoyado a toda la sociedad para dar otra clase de respuesta al desempleo y la pobreza. Porque, como sabemos, ninguna inversión de capital ni ningún plan de obras públicas van a reabsober a los millones de desempleados. Lo más relevante en esto no es el cómo se manifiesta la sociedad sino la legitimidad de lo que se busca: otra economía, otra justicia social, otro país.

* Director académico de la Maestría en Economía Social (MAES-UNGS).

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