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El dictamen acusatorio contra Aníbal Ibarra avanza veloz en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura capitalina. Tal como adelantó Página/12 hace dos semanas, a la previsible premura del macrismo y la izquierda se ha sumado la (más sorprendente) del ibarrismo. En tiendas del jefe de Gobierno se ansía llegar a una rápida votación en el recinto, pensando que su resultado será el de rechazar, por mínima diferencia, el juicio político. Para que prospere son necesarios 30 votos de los 45 de la Comisión acusadora. Hace dos semanas, coincidían baqueanos de distintas escuderías, la acusación tenía 26 legisladores dispuestos a levantar la mano. En estos días parece haber uno más, porque un diputado del zamorismo que iba a abstenerse (lo que equivale a un voto contra la acusación) renunció a su banca. Su suplente votaría a favor del juicio político. La diferencia es exigua, también testimonial de la labilidad de las profecías.
Ibarra y sus gentes piensan que es mejor apurar pronto el mal trago. Desechan posponerlo hasta después de las elecciones, lo que podría lograrse sin malas armas, apenas valiéndose de los términos legales para ofrecer pruebas. La teoría preeminente en la Jefatura de Gobierno es que el Gobierno puede presionarlos demasiado después de los comicios. Amén de eso, aunque no lo digan, los tranquiliza que se vote ahora (con el padrón legislativo bien punteado) que en diciembre, con una Legislatura de composición impredecible.
El ibarrismo, el macrismo y el archipiélago de la izquierda porteña concuerdan, pues, en lo inmediato aunque (claro) con expectativas diferentes. El kirchnerismo, en tanto, tiene más dudas. Alberto Fernández, Rafael Bielsa y los diputados porteños K (con lógicas no idénticas) observan con resquemor la prisa que impera en el Legislativo local. Un factor común aúna el discurso del jefe distrital, del candidato y de los legisladores que se expondrán a la hora de la verdad. Todos hablan de votar “con libertad de conciencia”, o sea no necesariamente en block.
Pero apenas se profundiza, la expresión toma distintos significados según quien la enuncie. Para Fernández, votar a conciencia incluye el deber de tener “responsabilidad institucional”, esto es de honrar la actitud del Gobierno de apoyar a Ibarra. Bielsa tiene un parecer mucho más crítico que Fernández respecto del accionar del jefe de Gobierno antes y después de Cromañón, pero piensa reservarlo y dispensar a los legisladores de todo mandato. Los legisladores, a su vez, dicen sentirse el jamón del sándwich, manipulados por el ibarrismo. Algunos hacen amagos de rebeldía. Otros se quejan de que Fernández, su jefe político, no se ocupa suficientemente de ellos.
La situación es dinámica. Considerar seguro el voto de los legisladores K parece un albur. Ibarra, que prepara con ahínco su propia defensa, cree que contará con los K, confiando en que Fernández los disciplinará, en línea con el deseo presidencial. El jefe de Gobierno tiene plazo hasta el 26 de agosto para presentar su descargo. Puede, es su derecho, pedir prórroga hasta el 3 de septiembre. Si lo presenta entonces y nadie interfiere, a fin del mes próximo la comisión acusadora podría votar.
El escenario luce incierto. Una votación de esa magnitud, que puede resolverse por un margen muy estricto, podría detonar una tensión previa y posterior indeseables para una campaña de por sí crispada. Los actores harían bien en postergar la votación en el recinto hasta después del 23 de octubre. Pero como es frecuente, lo más deseable no es lo más probable.