Como mancha en el río, el conflicto de las plantas de celulosa se expande más allá del Litoral. Así como esta semana llega al Congreso de la Nación, a nivel judicial el tema está a punto de desembarcar en la Corte Suprema. Esto es así porque el juez federal Guillermo Quadrini se declaró incompetente en la causa penal iniciada por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, contra directivos de las empresas que construyen dos papeleras en Fray Bentos, Uruguay. El magistrado enviará las actuaciones al máximo tribunal para que resuelva la denuncia por contaminación. “La gente lo tomó como otra frustración más, una patada al costado o para adelante”, dijo Busti a Página/12, asumiéndose como intérprete del sentir popular. El gobernador anticipó que no apelará la decisión judicial porque “es una pérdida de tiempo y no tiene sentido”, y aseguró que pedirá a la Corte “una solución rápida del tema”.


Quadrini, magistrado de Concepción del Uruguay, aceptó como querellantes a Busti, a su vicegobernador, Pedro Guastavino, y a la fundación Medio Ambiente y Derechos Humanos de Córdoba. E incluso, según explicó Busti en diálogo con este diario, consideró correcto hacer lugar a la demanda, tal como había entendido la fiscal Milagros Squivo cuando impulsó la denuncia. Sin embargo, el juez consideró que en la investigación pueden resultar imputados funcionarios uruguayos que dieron la autorización para la instalación de las dos plantas por parte de la española Ence y la finlandesa Botnia. “Al ser funcionarios de otro país el tema corresponde a la Corte”, razonó Busti en relación al fallo.


En la misma línea, el abogado Juan Carlos Vega, que asesora a la gobernación entrerriana en el caso, precisó que Quadrini “se declara incompetente constitucionalmente porque considera que el caso es competencia de la Corte por afectar a un Estado extranjero”. Los funcionarios entrerrianos tienen expectativas de lo que pueda resolver en la Corte. Busti señaló que, al elaborar la demanda, utilizaron “doctrina de (Raúl) Zaffaroni sobre el delito de contaminación en grado de tentativa”.


Cuando se presente en el Congreso, el martes en la Cámara de Senadores y el jueves en la de Diputados, Busti llevará cuatro voluminosas carpetas que contienen un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que calculó el impacto económico en 1100 millones de dólares, en una proyección de 20 años. El estudio concluyó que en ese lapso, en una población de 80 mil habitantes, 28 personas se enfermarían de cáncer, además de que otras tantas sufrirían enfermedades respiratorias. Esa cifra millonaria de pérdidas fue calculada tomando en cuenta el deterioro de las viviendas, el lucro cesante en Gualeguaychú en el rubro turístico, y el daño de 216 mil hectáreas por la lluvia ácida y otros contaminantes. Busti concluyó que “la única salida es hacer un estudio de impacto ambiental independiente y serio, con técnicos y académicos argentinos y uruguayos, paralizando por 60 o 90 días las plantas”.