EL PAíS › DIANA MALAMUD, DE MEMORIA ACTIVA

“A esta altura, son cómplices”

 Por Sergio Kiernan

Para Diana Malamud, los indagados del juez Ariel Lijo no son apenas encubridores sino que son “a esta altura, cómplices del atentado, los responsables que a doce años no sepamos quién es el culpable”. Una de las fundadoras del grupo Memoria Activa, que reunió a deudos y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA y se transformó rápidamente en la voz más crítica de la investigación, Malamud piensa que este paso es positivo aunque muy demorado. “Es correcto indagarlos y es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo”, define Malamud, que perdió a su marido, el arquitecto André, en el ataque del 18 de julio de 1994 al viejo edificio comunitario judío de la calle Pasteur.

“El atentado sigue impune y es un tema que todavía hay que investigar en profundidad, en serio”, dice Malamud. “Las indagatorias son correctas y se deberían haber hecho hace mucho tiempo, porque esta gente participó en el encubrimiento de los terroristas y logró que a doce años de la masacre no sepamos la verdad. A mi modo de ver, se convirtieron en cómplices de los asesinos. Al ser encubridores, son cómplices de los que pusieron la bomba, por cualquier razón que lo hayan hecho. Deben ser juzgados y deben pagar por lo que hicieron. La causa AMIA es un ejemplo de lo que no debe hacerse en una investigación judicial.”

La figura central en la lista de indagados del juez Lijo es el ex juez federal Juan José Galeano, que llevó adelante la investigación del caso AMIA. “Galeano es el principal encubridor pero no participó solo del armado de la causa”, marca Malamud. “Hay más gente, sus fiscales Juan José Barbaccia y Eamon Mullen, el titular de la Side Hugo Anzorreguy, la dirigencia comunitaria judía de la época, con Rubén Beraja y Dobniewsky a la cabeza, todos están involucrados en armar una causa falsa con pistas falsas, para encubrir lo que pasó realmente.”

“El Estado nos debe a los familiares que se castigue a esta gente, que se haga justicia con ellos. Esto fue una aberración completa, una situación distorsionada, falseada por completo. Nosotros, los que perdimos personas queridas en el atentado, tenemos derecho a saber algún día qué pasó realmente en la AMIA. Galeano, los fiscales y los demás indagados fueron los que nos impidieron ejercer ese derecho, saber la verdad. Tienen que pagar por eso, no puede ser gratis. No puede ser que hagan lo que quieren y no pase nada. Estamos hablando de un atentado donde hubo 85 muertos. Ya alcanzaría con uno solo, pero aquí hubo nada menos que 85.”

Después de 12 años de seguir de cerca la muy compleja causa judicial del atentado, Malamud es muy consciente de ciertas dificultades. Como la que crean los pactos corporativos, en este caso, que la Justicia indague o encarcele a uno de los suyos. Según su punto de vista, “el fallo del Tribunal Oral Federal, que descartó la investigación encubridora, y el de la Cámara de Casación, que confirmó el primero, fueron muy claros respecto de la participación de estos indagados en el encubrimiento. Fueron realmente muy claros, nítidos e inculpadores. Alguien tiene que hacer algo al respecto, alguien tiene que seguir lo que abrieron esos fallos, lo que significa indagar y juzgar a los que armaron el encubrimiento. Eso significa también romper ciertos pactos corporativos que sabemos que existen. Pero si no los rompemos alguna vez, no vamos a crecer como país. Los jueces tienen que hacer su trabajo, tienen que cumplir lo que juraron, que es hacer justicia. Si esto implica romper ciertas corporaciones, pues tendrán que romperlas. O vamos a vivir como país siempre en la infancia.”

La expectativa de Diana Malamud es que finalmente los indagados en la lista de Lijo queden detenidos: “Tengo fe de que puede pasar, es lo que debería pasar. Yo espero francamente despertarme y enterarme de que están entre rejas, donde deben estar porque por su culpa no están entre rejas los que pusieron la bomba”.

“Se lo merecen, porque ellos asumieron sus cargos, hicieron sus juramentos y cobraron sueldos públicos para hacer justicia y no lo hicieron. Lo mismo con personas como Rubén Beraja, que no representó a la comunidad que lo eligió sino que la vendió por dinero y por poder. Y que sigue libre.”

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