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La deuda ambiental

 Por M. W.

La anunciada designación de Romina Picolotti como titular de la vigorizada Secretaría de Medio Ambiente es un caso más en que el Gobierno, ante una crisis en buena medida autogenerada, reacciona saliéndose del laberinto “por arriba” y, hasta que se pruebe lo contrario, “por izquierda”. Uno de sus mejores reflejos, que últimamente estaba un poco aherrojado.

La administración Kirchner está en severa mora con la política ambiental. El actual secretario Atilio Savino fue tan pasivo que hasta hubiera pintado articular un hábeas corpus para conocer su paradero pero, como dicen los abogados, ese planteo ahora sería abstracto. El conflicto con Uruguay dejó en offside a una administración que levantaba banderas ecologistas en el plano internacional pero que tenía ese flanco muy desguarnecido puertas para dentro. El frustrado ofrecimiento al socialista Héctor Polino buscó comenzar a reparar esas falencias.

Tras el rechazo de Polino, Néstor Kirchner dobló la apuesta y ofreció el cargo a una consecuente ambientalista, una luchadora por la causa de Gualeguaychú. La movida sorprendió a propios y ajenos, tanto que siguen sin escucharse voces opositoras sobre el punto.

Designar a una emergente de la sociedad civil es una acción audaz, que puede condicionar en el futuro al Gobierno. El capital previo de Picolotti es su autonomía, su compromiso y su independencia política. Es dable esperar que sea coherente en su desempeño y que procure preservar ese patrimonio. Si lo hace, es evidente que sus acciones le meterán ruido a la propia coalición gobernante: muchas provincias administradas por peronistas o radicales K hacen estragos con el medio ambiente y ahora tendrán que vérselas con una funcionaria que no es “del palo”, a quien cabe suponer menos proclive a la invisibilidad de lo que fue Savino.

Para buscar una analogía de la frescura de la decisión entre los nombramientos previos del Gobierno en cargos ejecutivos habría que remontarse al de Graciela Ocaña en el PAMI o al de Pablo Lanusse en Santiago del estero. Hablamos, en ambos casos, de hechos acontecidos bastante tiempo atrás. De una costumbre estimulante que el oficialismo ciertamente no practicó en la empresa AYSA donde procedió de modo más tradicional, es decir peor.

La posible inminencia de una decisión del Tribunal de La Haya sobre la medida cautelar pedida por el gobierno argentino abre un interrogante. Es indagarse cómo actuará la, para ese entonces, flamante funcionaria si el fallo es adverso a las pretensiones nacionales. La intención del Gobierno es persuadir a los vecinos para que, en tal caso, se abstengan de la acción directa, pero un grupo de asambleístas opina distinto. El escenario es abierto y la postura de la asesora-militante devenida secretaria será toda una referencia. Desde luego, por ahora todo son especulaciones. La política, cuando desde arriba se le pone un poco de pimienta, se puede parecer al fútbol en eso de ser la dinámica de lo impensado.

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