EL PAIS

Jueces y jueces

El conflicto entre jueces de la Cámara Federal de La Plata ha alcanzado altos niveles de barroquismo, en una pugna por el control de juzgados y de salas de la Cámara que tienen a su cargo causas económicas por depósitos en el corralito y juicios por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

 Por H. V.

Una investigación realizada en 2004 por el camarista Román Frondizi y apoyada por su colega Leopoldo Schiffrin probó que el titular del juzgado 4, Julio César Miralles, y varios de sus colaboradores habían establecido un juzgado paralelo, que atendía fuera de horario a clientes selectos y los ayudaban a saltar la valla del corralito. El mismo sistema paralelo regía en una de las secretarías del juzgado federal 2, a cargo del ex juez Ricardo Ferrer Balbín, quien renunció para evitar el juicio político, luego de ser filmado durante una extorsión. El sumario en ese tribunal lo instruyó su sucesor, Adolfo Ziulu. En cambio, los camaristas Sergio Dugo y Ramón Alberto Durán defendieron a capa y espada a Miralles, Ferrer Balbín y sus secretarios.

Una auditoría dispuesta por la Corte Suprema limpió las ramificaciones del grupo entre secretarios y empleados y el mes pasado el Consejo de la Magistratura suspendió a Miralles por 180 días, durante los cuales deberá concluir su juicio político. Además, se abrió un procedimiento similar contra Dugo, debido a su ostensible enriquecimiento y a los obstáculos que puso al sumario administrativo instruido por Frondizi. Pero el muy deportivo Dugo murió antes en la ruta conduciendo uno de sus veloces automóviles y Frondizi se jubiló. Toca entonces cubrir esas y otras vacantes, de origen vegetativo.

En la sala I, Durán consiguió que fuera designada en forma interina su secretaria, Alicia Di Donato. Ziulu se presentó al concurso y el Consejo de la Magistratura lo calificó en el primer lugar, pero ahora se ejercen presiones sobre el Poder Ejecutivo para que no lo designe. Durán (con quien coincidieron Di Donato y el camarista Carlos Compaired) propuso que se incorporaran como sub-rogantes un secretario y un prosecretario del Consejo de la Magistratura: Alberto Agustín Lugones para el juzgado 4 y César Alvarez para la Cámara Federal, a quienes cubrió de empalagosas alabanzas. Agregó otros cuatro nombres, ya que el reglamento de subrogancias requiere proponer ternas, pero dijo que sólo lo hacía para cumplir con esa formalidad (sus candidatos muletto fueron Jacobo Grossman y Horacio Isaurralde para la Cámara y Diego Molea y Hugo Felicetti para el juzgado). Schiffrin aclaró que no conocía a Lugones ni a Alvarez y por lo tanto no formulaba juicios sobre su mérito personal e intelectual, pero agregó que no forman parte del fuero platense ni integran la lista de conjueces y secretarios entre quienes debe practicarse la selección y sólo son auxiliares transitorios en el Consejo de la Magistratura, donde se desempeñan en las vocalías de dos consejeros cuyo mandato expira en octubre: Claudio Kiper y Humberto Quiroga Lavié. Sostuvo que sólo Grossman (colaborador de Raúl Zaffaroni) cumple con las condiciones requeridas y propuso dos ternas de funcionarios que se ajustan al reglamento (GregorioFleicher, Carlos Alberto Corró y José María Martocci (h) para la sala II; José Luis Delaglue, Ana Miriam Russo y Francisco Alegre para el juzgado 4). Obtuvo el apoyo de otros tres camaristas: Antonio Pacilio, Carlos Nogueira y Carlos Vallefín. El octavo camarista, Julio Reboredo, lamentó que no se alcanzara consenso y propuso otras ternas (Russo, Alegre y Concepción Di Piazza de Fortín para la Cámara, y para el juzgado a Deglaue y dos abogados de la matrícula, Alfredo Gascón Cotti y Jorge Iturrería). Como así no hubo mayoría de cinco, se convocó a un nuevo acuerdo para el martes, y se sorteó para decidir al juez de primera instancia Arnaldo Corazza.

Durán sostuvo que podía omitirse el reglamento para traer a la Cámara dos funcionarios judiciales que al no haber formado parte de las “reyertas” de los últimos años podrían aportar serenidad. Schiffrin, en cambio, recordó que las investigaciones sobre gravísimos casos de corrupción que culminaron con la suspensión de Miralles, las cesantías de dos secretarios, un prosecretario y un empleado y la separación de una secretaria contratada habían sido validadas por la Corte Suprema de Justicia y que es preciso no comprometer el logro ya obtenido, por lo que se impone el cumplimiento de la normativa vigente.

Hace dos semanas dos diputados del ARI y cuatro del Frente para la Victoria (Emilio García Méndez, Leonardo Gorbacz, Rosario Romero, Remo Carlotto, Héctor Recalde y Araceli Méndez de Ferreyra), presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados según el cual los estrechos vínculos de Durán con la policía de Buenos Aires conspiran contra la posibilidad de una correcta administración de justicia y violan la garantía de imparcialidad. También señalan que Durán “ha tenido una estrecha vinculación a lo largo de su carrera profesional con los cuadros operativos de la dictadura militar” y “fue miembro de su aparato tanto como funcionario de su Ministerio de Gobierno como también en cuanto miembro de su poder Judicial, llegando a prestar tareas de evidente conformidad con el sistema represivo ilegítimo e inconstitucional”. Esto permite entender lo que está en juego en La Plata ahora: en la Sala I está radicada la causa Brigada (el centro de operaciones del comisario Miguel Etchecolatz y el capellán Christian von Vernich, investigación paralizada por Durán al retener el expediente con pretextos procesales nimios) y en la sala II la causa por torturas a detenidos en la cárcel platense U-9. Durán boicoteó los juicios por la Verdad, se opuso al secuestro del fichero del ex secretario del vicariato castrense Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico el fichero de inteligencia policial secuestrado por la Cámara y que hoy forma parte del patrimonio de la Comisión por la Memoria. Schiffrin impulsó esas decisiones. Hace pocos días la cuestión amagó derivar en escándalo, cuando una diputada del Frente para la Victoria interesada en las causas de derechos humanos se topó en un restaurante con Durán, a quien acompañaban alegremente uno de sus ternados y un miembro del Consejo de la Magistratura. Terminar la limpieza inconclusa del fuero federal platense es una tarea democrática urgente, y éste el momento decisivo, para un gobierno interesado en exaltar los derechos humanos y acabar con la corrupción de la década pasada.

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