EL PAIS › LA CONFLICTIVA RELACION DE MAURICIO MACRI CON LA JUSTICIA

Con PROntuario de aprietes

Como empresario y como presidente de Boca, el jefe de Gobierno porteño cuenta con diversos antecedentes de presiones e influencias sobre jueces y funcionarios ante medidas procesales en su contra.

 Por Gustavo Veiga

Mauricio Macri nunca escapó al mandato de su clase. De familia adinerada, detesta que lo contradigan. Sus doce años en la presidencia de Boca son la matriz de lo que dice o hace ahora como jefe de Gobierno. Allí, en su despacho de la Bombonera, aprendió a conducir la institución, formándose para asumir metas superiores. Pero también, en su afán de controlar todo, siempre tuvo falta de apego por las normas que lo hacían tropezar. Lo que no conseguía por la persuasión, lo obtenía por su proverbial capacidad de lobbista. O gracias a los buenos oficios de fatigosos abogados querellantes.

El 18 de junio de 1997, en el contexto de una entrevista radial, el ministro de Justicia menemista, Elías Jassan, reconoció que Macri solía llamarlo porque estaba pendiente de resolución en su cartera un tema del fondo común de inversiones del club. Ese proyecto mercantil para adquirir jugadores le trajo más de un dolor de cabeza en el fuero civil y en la Inspección General de Justicia (IGJ). Los traspiés que sufrió para imponer su idea lo persuadieron de elevar un recurso jerárquico de apelación ante otro ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo.

El funcionario riojano que había reemplazado a Jassan hizo lugar a su pedido (sería el segundo caso en la historia del ministerio) mediante la resolución 62 del 23 de julio de 1997. Con el tiempo, Macri y Granillo se mostrarían juntos en alguna conferencia sobre las bondades de las sociedades anónimas para el fútbol y aceitaron tanto su relación que este último le ofreció ser candidato por el PJ en el distrito.

En otro tema muy caro a su ideario político, el actual jefe de Gobierno porteño logró imponer discriminatorios avales para ser dirigente del club. La jueza de primera instancia Betty Saigg de Piccione le dio la razón. Pero el requisito para conducir a Boca fue apelado por la oposición y la Cámara Civil que formaban Fernando Po-sse Saguier, Ricardo Burnichon y Elena Highton de Nolasco (actual integrante de la Corte Suprema) ratificó el fallo de los avales, aunque los bajó del 20 al 10 por ciento del patrimonio neto. Aquella frase de Macri que decía “si tenés problemas para llegar a fin de mes, no podés ser dirigente de fútbol”, se hacía realidad.

El presidente boquense, que ya en el 2000 comenzaba su segundo mandato al frente del club, sentenciaba: “La gente decidió por un 85 por ciento que sea lo que fuere como se lo llame a Boca (él quería transformarlo en una SA), el estilo que quiere que conduzca sea éste, el actual”.

Gracias a ese estilo personalista, para no tener problemas en el Colegio de Arbitros envió a Mariano González Palazzo, por entonces vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, para que supervisara qué pasaba en la AFA con los referís. Con el tiempo, mantuvo cerradas tres calles que su club ocupaba ilegalmente (una cuadra de Wenceslao Villafañe, otra de Aristóbulo del Valle y la restante de Espora), desafiando a la administración de Aníbal Ibarra y se propuso obtener la re-reelección, algo que ni el propio Carlos Menem conseguiría, pero sí él.

La Sala K de la Cámara Civil, integrada por Carlos Degiorgis, Carlos Molina Portela y Julio Moreno Hueyo, revocó un fallo de la IGJ que les daba la razón a sus adversarios del club. Por esa resolución, el tribunal recibió un pedido de juicio político del abogado Alejandro Gil Domínguez y del dirigente Roberto Digón. El escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura sostenía que “los magistrados actuantes habrían receptado y aceptado distintas formas de ‘influencias’ del ingeniero Mauricio Macri y del señor Pompilio por sí o por sus representantes”. Al ingeniero no le importó demasiado. Su fórmula se autoproclamó ganadora sin elecciones en diciembre de 2003. Quienes estaban en la oposición no consiguieron juntar los avales requeridos.

En el mundo de los negocios, el ingeniero también zafaría de algunos contratiempos judiciales con la rapidez de Rodrigo Palacio. Así ocurrió en una causa caratulada “Marenghi Alfredo y otros sobre averiguación de contrabando”, donde se lo había embargado por 4.900.000 pesos y lo procesaron junto a su padre, Francisco, y otros directivos de Sevel, en 2001. Aquella causa fastidió mucho a Macri porque se ventiló horas después de que anunciara su desembarco en la política. Pero el Tribunal de Casación terminó con sus tribulaciones al sobreseerlo y determinar que la maniobra denunciada no constituía delito. Con todo, desde que mutó de empresario y presidente de Boca a candidato, el líder del PRO no pierde la oportunidad de criticar a la Justicia. En mayo de 2005 aportó una de sus máximas jurídicas, que bien puede ser considerada un antecedente de su ofensiva contra el juez Roberto Gallardo: “Hay que acabar con estas teorías garantistas que han llevado a un nivel de permisividad espantosa”.

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En 2001, Macri fue procesado y embargado por 4,9 millones de pesos, junto con su padre y directivos de Sevel.
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