La detención del general Eduardo Alfonso, dispuesta por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo por la desaparición en 1977 de una mujer embarazada, simboliza el fracaso del último intento por frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde la Secretaría General del Ejército, que ocupó durante los gobiernos fallidos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde y de sus ministros de Defensa Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena, Alfonso organizó esa contraofensiva contra la justicia e intentó contaminar a las nuevas generaciones castrenses con las emanaciones del agujero negro que, de 1976 a 1983, deshonró la tradición sanmartiniana.

La suya es una línea coherente. En 1995, cuando sólo era un coronel destinado a la Secretaría General, Alfonso pretendió que el hallazgo del cuerpo del soldado Omar Carrasco, asesinado en un cuartel del Ejército, demostraría que no querían matarlo, porque en ese caso “el cadáver no hubiera aparecido jamás”. De allí derivó que los responsables “no eran tan malas personas” (sic). En 1999, le respondió a un juez que no existían ejemplares de los manuales y reglamentos militares de los años del plan Cóndor. En 2000, cuando oficiales y suboficiales retirados se negaron a declarar en los juicios de la verdad de Córdoba y Bahía Blanca y los jueces les impusieron penas de arresto por 48 horas Alfonso viajó a visitarlos, en cumplimiento de un deber de “caridad cristiana”. Pero descubrió el carácter político de su misión al impugnar la utilidad de los juicios de la verdad y admitir que “el Ejército estudia otras alternativas”, una alusión a la Mesa de Diálogo para la que tenía un guiño de complicidad de los legisladores justicialistas Miguel Toma y Mario Cafiero, del arzobispo porteño Jorge Bergoglio y de los restos de la desacreditada conducción montonera.

Alfonso se jactó de “la exitosa Operación Retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera”. Para ello la inteligencia del Ejército falsificó un documento, enviado por fax a Italia, donde el defensor de Olivera era el abogado neofascista Augusto Sinagra, quien antes defendió a Licio Gelli, el gran maestre de la Logia P2. En 2001, cuando el juez Gabriel Cavallo declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, Alfonso lo invitó al Regimiento de Granaderos. Durante toda la ceremonia, Alfonso cuchicheó con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de entonces, Julio Nazareno y Augusto Belluscio con quienes contaba para revocar aquella decisión. Durante una arenga a los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, a quienes exigió que firmaran solicitudes de hábeas data para presentar a los organismos de derechos humanos, Alfonso dijo: “Es hora de sacar el sable y cargar. Llegó la hora de pasar a la ofensiva. Recuperaremos el protagonismo perdido, ya que con la defensiva no se logró nada”. Sin embargo, apenas 663 de los 5000 oficiales en actividad del Ejército firmaron el pedido. López Murphy lo autorizó porque entendía compensar las carencias de equipamiento, salarios y finalidad de las Fuerzas Armadas con lo que llamó “bienes simbólicos”. El CELS dijo que consideraba el pedido de los oficiales, invocando la Constitución y la ley de hábeas data, como “un paso adelante en el respeto de los procedimientos del Estado de Derecho y un involuntario reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil. Siendo uno de nuestros objetivos institucionales la pedagogía en el respeto a los valores democráticos y los derechos humanos no podemos menos que estimular este avance, no por tardío menos alentador”. Para facilitar la búsqueda de la información dispersa en miles de causas judiciales, testimonios de víctimas, familiares y testigos, fotografías, recortes periodísticos, libros. videos, casettes, microfilmaciones, diskettes, etc., solicitó a cada uno de los peticionantes su situación de revista y grado entre los años 1974 a 1983 y la función que desempeñaba y dependencia, año por año. Ante la negativa del Ejército a suministrar estos datos elementales, el CELS entregó la información parcial e incompleta que pudo reunir: nueve de los firmantes participaron en delitos atroces y aberrantes, diez en los alzamientos carapintada contra los gobiernos constitucionales, dos estaban vinculados con otros hechos presuntamente ilícitos y nueve cursaron estudios en la Escuela para torturadores de las Américas. La dirección en la que debía entregarse la respuesta era la del abogado Juan Torres Bande, que patrocinó los pedidos. La filmación de un acto del Partido del Nuevo Triunfo muestra a Torres Bande en el estrado, aplaudiendo a rabiar el ingreso de los estandartes con la esvástica trunca que identifica al grupo y cantando con entusiasmo mientras Alejandro Biondini saluda con el brazo el alto. Con la exactitud y presteza de una maniobra militar, los 663 revocaron los poderes luego de que Página/12 publicara la foto de su abogado presidiendo un acto del partido neonazi.

El CELS también aclaró que no entregaba certificados de inocencia y que dada la falta de colaboración del Ejército no era posible descartar la aparición de nuevos elementos de interés sobre los firmantes de los pedidos. Así fue. Bastó que asumiera el ministerio de Defensa Nilda Garré, para que la información de los legajos y de los boletines del Ejército fuera accesible para la secretaría de derechos humanos. El cruce de datos permitió identificar a Alfonso como uno de los participantes del operativo del 12 de enero de 1977 en Villa Adelina, cuando una patota militar sin uniforme secuestró a Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, quien fue vista en el campo clandestino de concentración que funcionó en Campo de Mayo y de la que no volvió a saberse. Ahora al coqueto general, casado en segundas nupcias con una hermana del ex presidente del Citibank, Juan Navarro, le llegó la hora de la verdad y de la justicia.