Siemens realizó la amplia confesión sobre las coimas que pagó en 4283 oportunidades en todo el mundo a raíz de dos fenómenos: en primer lugar, cambió su conducción, imponiéndose una mayoría de norteamericanos por sobre los alemanes y, segundo, se vio amenazada con no poder seguir con sus negocios en Estados Unidos ya que, para cotizar en Bolsa, la empresa debía transparentar sus conductas. En la Argentina se plantea algo semejante: hoy por hoy, Siemens figura como proveedor del Estado, pero su negativa a entregar la auditoría y a transparentar sus conductas en el país debería llevar al Poder Ejecutivo a tomar una medida semejante a la norteamericana. No faltan quienes afirman que el Estado tendría que poner la alternativa: o colabora con la Justicia o sale del registro de proveedores. En Estados Unidos, Siemens realizó una confesión de máxima gravedad respecto de la Argentina. Se declaró culpable por el delito de conspiración, debido a que alteró los libros de contabilidad y los registros para tapar el pago de coimas. Traducido a la Justicia argentina, sería una asociación ilícita dedicada a la administración fraudulenta, falsear información, amañar licitaciones, cohecho activo y una larga serie de delitos. A esto ahora se le suma que no aportan a la Justicia los elementos para imputar a quienes pagaron y, sobre todo, quienes cobraron los coimas que ellos confesaron haber pagado. En esos términos, la confesión parece más bien del estilo religioso: hacen un mea culpa, pero apuntan a que nadie resulte castigado. En tribunales sostienen que la Justicia debe seguir la causa hasta el final, pero que también el Ejecutivo puede tomar medidas que, como en Estados Unidos, le pongan presión a la empresa. Más todavía, si se tiene en cuenta que Siemens es actualmente beneficiaria de contratos enormes en el rubro energía.