El recinto del Senado vivió ayer una jornada histórica con un debate extenso en la que se escucharon argumentos de todo tipo, citas de jurisprudencia y frases famosas de teóricos de la comunicación. Fueron muchas horas de una sucesión de exposiciones a favor y en contra del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero en medio de la Babel de palabras, como parte de una discusión que tuvo algo de –y valga la paradoja, puesta en escena para los canales de noticias que transmitían en vivo, se escucharon algunas revelaciones que obligaron a detenerse en lo dicho y en lo no dicho. En lo sugerido y en lo explícito.

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Uno de los discursos más comentados fue el de la senadora de San Luis, miembro del Opus Dei y espada legislativa de los hermanos Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso. La senadora puntana contó varios episodios que le tocó vivir cuando se trató en el Congreso la ley de Bienes Culturales, en enero de 2002. Llamada también “ley Clarín”, aquella normativa hizo posible que los grupos mediáticos en proceso de concurso preventivo fueran excluidos del procedimiento de cramdown previsto en la ley de Quiebras. Se trata de un mecanismo que permite a los acreedores capitalizar sus deudas absorbiendo acciones de las empresas en problemas.

La senadora puntana relató que en 2002, al anunciar que se opondría a esa ley, recibió llamados intimidatorios en su celular (“me ponían la marcha fúnebre”). También dijo que su departamento fue violado y que desconocidos ingresaron a su cocina para dejarle un mensaje intimidatorio. “Dejaron todas las luces prendidas y me dejaron el pollo arriba de la hornalla”, reveló. Su testimonio despertó sonrisas y hasta tentó a alguno de sus pares, como el socialista Rubén Giustiniani. Negre de Alonso contó además que cuando se estaba por tratar aquel proyecto dos hombres se le presentaron en su despacho. “Me dijeron ‘esto es lo que tiene que votar’ y me entregaron una carpeta”, relató.

La senadora rememoró esos episodios para contestarle al senador oficialista Marcelo Fuentes, uno de los legisladores más cercanos al matrimonio presidencial, quien había exhortado a sus pares opositores a “tener coraje”. Negre de Alonso agregó que ella había resistido las presiones y los mensajes amenazantes. Pero no fue la única mención a los entretelones que precedieron a la sanción de la ley de Bienes Culturales hace siete años. Un rato antes, la senadora salteña Sonia Escudero, también del peronismo disidente, había recordado el rol que en aquella votación tuvo “un grupo de lo-bbistas de medios”.

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El recurso de citar bibliografía, de mencionar a intelectuales que se leen en las carreras de comunicación o de nombrar a filósofos emblemáticos de la historia de Occidente es un recurso típico de cualquier sesión legislativa. Incluso es habitual que quienes siguen un debate confirmen la pertenencia política de cada orador, su formación ideológica, a partir de los autores que va desplegando en su exposición. Así se pudo escuchar a Eric Calcagno recordar una frase del monje franciscano William de Baskerville, el protagonista de la novela de Umberto Eco El nombre de la rosa; a Daniel Filmus citar una frase de Voltaire para subrayar su compromiso del derecho de opinión (“No estoy de acuerdo con lo que usted dice pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”); a Samuel Cabanchik (Buenos Aires Federal) elogiar al periodista Miguel Wiñazki, columnista de medios de Clarín, por el libro La noticia deseada. Pero entre tantas referencias a autores o a lecturas sobre la compleja relación entre periodistas, grupos mediáticos y gobiernos no se pudieron disimular algunas gaffes para el recuerdo. Quizá uno de los más comentados haya sido el que lanzó el radical santacruceño Alfredo Martínez. “No queremos ni monopolios privados ni públicos. Y también reclamamos un estatuto del periodista que garantice la fuente laboral y el derecho a la opinión”, exhortó. El pedido de Martínez pareció desconocer la existencia del estatuto del periodista profesional, sancionado en 1946 primer gobierno de Perón a través de la ley 12.908 y del decreto 13.839 y que está vigente. Aunque a veces no se cumpla.

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El senador del Frente para la Victoria de Jujuy Guillermo Jenefes fue uno de los protagonistas de la discusión en comisiones del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión anticipó que tenía diferencias con el proyecto y se convirtió en la gran esperanza de la oposición para impedir que el kirchnerismo lograra formar el dictamen de mayoría. Segundo en tomar la palabra ayer, repitió que la iniciativa no le parecía “tan mala para rechazarla ni tan buena para no hacerle modificaciones”. También criticó a la oposición, sobre todo por haberse retirado del recinto cuando se trató la norma en Diputados: “No podemos decir que si el partido que se está jugando no nos gusta nos llevamos la pelota a casa y el partido no se juega”. Finalmente, desmintió haber recibido presiones por parte del gobierno nacional y reveló: “La presión la sufrí de los medios de prensa que pretendieron que este senador traicionara sus convicciones y su pertenencia política”.

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Por los balcones del segundo piso del recinto desfilaron varios invitados especiales que se habían acreditado ante la jefatura de bloque del oficialismo, también en la Secretaría Parlamentaria del Senado. Allí se dejó ver desde bien temprano el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Lo acompañaron el director nacional de supervisión del organismo, Gustavo Bulla, y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Damián Loreti. También se acercaron hasta el hemiciclo del Senado los diputados Julio Piumato y Diana Conti, que tuvieron una activa participación en el debate público previo a la votación en la Cámara baja. Otro espectador muy comentado fue el director de estadísticas del Indec, Norberto Itzcovich, quien se paseó por las galerías del primer piso, destinadas a la prensa.

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Los senadores también se valieron de aquella máxima, tan usada en la práctica cotidiana del periodismo, que proclama que “nadie resiste un archivo”. No sorprendió, por ejemplo, que desde el oficialismo se leyeran viejos proyectos de ley de Radiodifusión impulsados por legisladores opositores que no difieren demasiado del texto impulsado por el Frente para la Victoria, el socialismo y el centroizquierda. En algunos puntos conflictivos, como los artículos que reglamentan la Autoridad de Aplicación, las diferencias eran muy poco sustanciales. Uno de los que más jugo le sacó al recurso fue el senador porteño Daniel Filmus, quien recordó una iniciativa radical.

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El tucumano Carlos Salazar (del bussismo, Fuerza Republicana) hizo un discurso en el que se repitieron varias veces las justificaciones. Salazar fue uno de los dos senadores que anunció a último momento su voto a favor en la elección en general. Apenas comenzó su intervención, el tucumano salió a explicar que su voto no tenía precio. “No he cambiado mi voto. Aquí se llegó a la herejía de decir que el precio de mi voto era un paciente mío que está con prisión domiciliaria (por el represor Antonio Bussi, fundador del partido). A mis hijas, a mis amigos, al pueblo de Tucumán, les digo que no he cambiado mi voto”, insistió el soldado de Bussi. La mención a sus familiares hizo recordar a aquella introducción de entrecasa los consejos que le había dado su hija que eligió el vicepresidente Julio Cobos para anunciar su voto no positivo. Salazar fue uno de los pocos senadores que más tiempo permaneció sentado a lo largo de la maratónica sesión. Sentado a dos filas y en la misma línea de Chiche Duhalde, el tucumano giró sobre su cuerpo para escuchar cómo la senadora bonaerense se quejaba porque algunos senadores habían tenido que cambiar su voto para que sus provincias recibieran algún beneficio. Su explicación no había surtido efecto.

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Al santafesino Rubén Giustiniani le tocó la tarea de defender la decisión de su partido, que había decidido de manera orgánica votar a favor en general. Giustiniani aclaró enseguida que en la discusión en particular iba a votar en contra sobre una serie artículos: los más importantes fueron su oposición al plazo de desinversión de un año propuso un margen de tres años y su rechazo a la composición de la Autoridad de Aplicación. “Acá se han escuchado tantas exageraciones que propongo que las recordemos para contrastarlas dentro de diez años. Yo no creo que con esta ley vayamos a entrar en la noche de los silencios”, subrayó. El hombre que comparte con Hermes Binner el liderazgo del Partido Socialista adornó su intervención con citas al irlandés Sean Mc Bride, ideólogo del Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la Información de la Unesco, y al canadiense Marshall McLuhan, creador del concepto de “Aldea Global”.

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Cerca de la medianoche, cuando sólo faltaban cuatro oradores para el cierre del debate y el momento de la verdad, en las galerías del primer piso comenzaron a escucharse comentarios por la multitud que se había concentrado en la Plaza del Congreso. “Mucha gente”, evaluaron algunos testigos de la sesión que no ocultaban su desacuerdo con el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. Unas horas antes, el senador catamarqueño Castillo había deslizado que una buena parte de esa convocatoria no sabía a qué había ido y por qué se realizaba la concentración. La opinión de Castillo motivó un reto por parte de la mendocina Marita Perceval.

El radical Carlos Marino y los kirchneristas Daniel Filmus y Eric Calcagno.