La opinión de esta columna sobre la ley audiovisual es conocida: un avance significativo hacia el enriquecimiento del debate democrático mediante el acceso a la comunicación de una mayor pluralidad de voces. Su aplicación requerirá la constante supervisión de la sociedad ya que una ley, por sí sola, no cambia la realidad. Fue sancionada como consecuencia del esfuerzo de muchas organizaciones populares que desde 1984 pugnan por esta reforma y que en los últimos años se expresaron en la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Entre ellas está el CELS. En un ambiente en el cual hay periodistas que hacen publicidad de bienes o servicios, actúan en teatro de revistas, difunden videos anónimos con cámaras ocultas o editan newsletters que venden a las empresas sobre las cuales escriben en sus grandes medios, la defensa de los Derechos Humanos no plantea ninguna incompatibilidad. Pero nunca está de más hacerlo explícito, para que aun el lector menos atento conozca el partido tomado del autor, que procura ser objetivo pero no es neutral.