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Un problema de jurisdicción

El último papel del largo tomo de Gladys Esther González –folios 103 y 104– es el informe 782 dirigido a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Luego de repetir sus cuentas (ver nota principal) González intenta explicar por qué se metió a hacer obra pública siendo que el gobierno del que es parte su subsecretaría de Atención Ciudadana tiene un Ministerio de Espacios Públicos y otro de Desarrollo Urbano, ambos veteranos de arreglos y construcciones. Según la funcionaria, un vecino que no identifica pidió las obras al CGP local y ella consideró que nada “obsta a llevar a cabo aquellas acciones que, a solicitud del vecino, sean necesarias para preservar el interés público”. Después de algunas generalidades sobre qué importante es el espacio público, González cita la ley 1777, que regula las Comunas porteñas y les permite “la planificación, ejecución y control de tareas de mantenimiento del espacio público” incluyendo “la colocación de luminarias y el cuidado de los parques, plazas y plazoletas”. Como las Comunas no existen todavía y González es la encargada de los CGP, encuentra conveniente afirmar que aquellas “vendrán a ser las continuadoras” de éstos, y toma para sí sus futuros poderes. No sólo este tipo de razonamiento es por lo menos futurista, sino que olvida un detalle: las Comunas tendrán poderes porque sus titulares serán elegidos por el voto popular. A González la votó, a lo sumo, el jefe de Gobierno Mauricio Macri.

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