La Auditoría General de la Nación resolvió incluir en su temario de trabajos a realizar durante el año 2010 una nueva investigación sobre la Administración de Programas Especiales, ese millonario paquete de fondo que destina la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a las obras sociales para prácticas especiales. La nueva tarea se encarará cuando aún no se subsanaron las deficiencias del sistema detectadas en trabajos anteriores de la AGN, que señalan al organismo nacional como “corresponsable” de las faltas cometidas por las organizaciones de los bancarios, de los metalúrgicos o de la salud, entre otras varias, en el manejo de esos fondos, que muchas veces se recibieron sin que se acreditara fehacientemente en qué se gastaba el dinero.

La decisión del sexteto de auditores que comanda el radical Leandro Despouy de poner el foco nuevamente en la APE está en gran medida motivada por los datos que oficiosamente manejan varios de ellos sobre una defraudación que también estaría bajo investigación judicial. Las obras sociales declararían enfermos ficticios (por ejemplo oncológicos), para justificar un apoyo económico a tratamientos y medicación que en rigor no se suministraría a nadie. Desde la óptica de los auditores, la laxitud de los controles que deberían instrumentarse desde la Superintendencia habría facilitado esa maniobra desde hace muchos años.

El último informe de Auditoría sobre ese organismo es de 2008 y destaca que la metodología utilizada por esa dependencia nacional para controlar “no asegura una evaluación crítica de la gestión de las obras sociales y restantes agentes de integran el Sistema Nacional de Seguro de Salud”, puntualizando que está centrada en “cuestionarios preestablecidos”. El texto también apunta a la “debilidad” del control financiero de las entidades “con déficit crónico” que son asistidas desde el poder central y destaca que en el interior del país la labor de control del superintendente es “casi nula”.

Estas falencias habrían propiciado una serie de desatinos administrativos que se prolongaron a lo largo de los años sin que hubiese habido ni corrección de las faltas ni sanción por alguna por ellas, según consigna con mucho detalle otro trabajo anterior de la Auditoría.

La obra social de los bancarios mereció un capítulo especial en este último informe centralizado en los millonarios recursos de la APE, que se han prorratedo con fines tan diversos como cubrir un déficit de caja de una obra social o el tratamiento de un paciente hemofílico u otro no contemplado en el programa médico obligatorio.

La entidad que hasta hace horas comandaba el bancario detenido Juan José Zanola recibió tiempo atrás fondos para una campaña de vacunación. Después de desembolsar el 70 por ciento, la Superintendencia pidió rendición de cuentas sobre el gasto ejecutado, y como respuesta obtuvo una información magra y sin respaldo de documentos, lo que no satisfizo a los controladores. Es más, cuando se le reclamó el detalle de los vacunados o la factura por el total de las dosis subsidiadas, la organización de los bancarios respondió que “desconocía el trámite por el cual se le había otorgado el subsidio”. A pesar de eso, cobró más de lo que le correspondía por el 30 por ciento pendiente.

El examen de la AGN muestra que gastar sin documentación respaldatoria o sin siquiera rendir cuentas del destino otorgado al dinero que desembolsa la APE es una práctica corriente que replican otras entidades. La obra social de la UOM fue intimada varios años sucesivos para que precise cómo ejecutó los 4,2 millones de pesos que recibió de esa Administración para cancelar pasivos prestacionales. Pero no sólo no develó el misterio sino que lo hizo extensivo a los 6 millones que le giraron para indemnizar al personal despedido de esa organización gremial de la salud.

Similares defectos se reiteran con la obra social del personal de la alimentación, a la que se la intimó sin éxito para que presente copia de los contratos que habría firmado con prestadores médicos. O con la del personal de Vialidad, que utilizó el dinero para prestaciones distintas de las convenidas o para pagar otras que no figuraban en ninguno de sus contratos.

La competencia de la Auditoría se limita a la Superintendencia, ya que sólo puede auditar a las entidades estatales y después de que los actos administrativos tuvieron lugar. Pero mirar a aquel organismo público –responsable de la Administración de Programas Especiales– lleva indefectiblemente a desmenuzar la relación con las obras sociales que el Estado debe, a su vez, controlar. Un vínculo vidrioso que volverá a ser escrutado por la AGN, según coincidieron auditores radicales y justicialistas.