El día tardó y seguirá tardando, alguna vez llegará. Será al fin del invierno o cuando despunte la primavera. La oposición parlamentaria conseguirá hacer ley uno o varios proyectos que contraríen al oficialismo y abran el horizonte del veto presidencial. Hasta ahora no pudo, por la paridad existente en el Senado y por sus divisiones. Estas se acrecentarán el año próximo, por la competencia electoral. Cabe imaginar que los meses más productivos, en ese aspecto, serán los que median entre agosto de este año y el otoño de 2010, cuando se largue la lucha de todos contra todos.

Hasta ahora, el discurso oficial es monolítico: toda propuesta que ponga palos en la rueda será vetada... y a todas se las prejuzga así. Con el andar del tiempo, seguramente el oficialismo deberá sacarle punta al lápiz: el veto es constitucional, su abuso puede ser disfuncional.

El “Grupo A” da por descontada la seguidilla de vetos, de ahí que (trastrocando sus primeras movidas de marzo) optó por saturar el ambiente de leyes, no especialmente congruentes con su pasado ni con su discurso y no necesariamente sustentables. La resurrección del 82 por ciento móvil, una bandera utópica que jamás se hizo realidad, es el ejemplo más acabado. El kirchnerismo responde según su idiosincrasia: enfrentamiento frontal, agitación del pasado de sus adversarios, rechazo total. Otro tanto hace con la reforma del Consejo de la Magistratura, que sustituye un funcionamiento deplorable por otro, signado por un sesgo antipolítico que tiene buena prensa.

Habrá que ver dónde se coloca el Gobierno si es que toma cuerpo la reestructuración del Indec, un caso en el que tiene nulas razones para aducir y ningún mérito para defender. Sería inteligente y sistémico que procurara una vía de salida consensual, aunque el tenso clima parlamentario es poco propicio para un acuerdo de ese calibre.

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En lo referente al sistema jubilatorio, el Gobierno tiene mejores blasones. Tiene razón en destacar la ampliación de la cobertura a millones de personas, el aumento del mínimo muy por encima de la inflación, la fijación de reajustes semestrales por ley, la recuperación del sistema y el excelente fondeo de la Anses. Y en sospechar que les falta legitimación a sus adversarios, al menos los que gobernaron el país con anterioridad. Pero topa con dos bretes que deberá elaborar mejor.

El primero es que se lo “corre por izquierda”, con eventual repercusión en la opinión pública. Se contarían con los dedos de una mano los ciudadanos que montarían en cólera si se veta una norma sobre Superpoderes o sobre la Magistratura, universos exóticos a su existencia y sus vivencias. Pero si llegara al recinto una propuesta sobre aumentos “a los abuelos”, oponerse podría traer costos.

El segundo es que el sistema jubilatorio y sus arrabales merecen revisiones y correcciones, menos frívolas que la propuesta del “Grupo A”, aunque bien pertinentes. Repasemos un puñado apenas. El achatamiento de la pirámide de haberes, lógico en tiempos de desolación y pobreza extendidas, es una injusticia para aportantes de medianos ingresos, que usualmente no tienen con qué parar la olla.

La sustentabilidad de la Anses, de las jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), bien dignas de tutela, no está garantizada en el mediano plazo con el esquema recaudatorio actual. Y hace tiempo que el sistema impositivo clama por reformas progresivas. Proyecto Sur reclama la reimplantación de las cargas patronales, hachadas por el peronismo (estadio menemista) en 1993. En Economía y en la Casa Rosada se valen de un razonamiento trillado: es un tributo justo pero no es éste el momento para aplicarlo. La rentabilidad empresaria no da para tanto, arguyen, las Pymes (en especial) padecerían de lo lindo. El debate amerita abrirse, incluyendo la pregunta de cuándo llegará la hora, si no es después de siete años de crecimiento chino, con uno solo de tregua.

Los tributos a la renta financiera son otra asignatura pendiente que debería revisarse, los proyectos de Carlos Heller están en gateras. También debería existir una batida a fondo para ampliar el número de chicos que reciben la AUH, a esta altura estancado por condicionalidades excesivas y enojosas impuestas por la reglamentación y por la Anses.

La picardía o, aun, la mala fe opositora, no deberían servir de pretexto para eludir debates de fondo, sustantivos, surgidos a partir de los avances conseguidos. Una etapa superior impone nuevos desafíos y “eleva el piso”. El conglomerado opositor, a su vez, apuesta al desgaste del oficialismo sin aportar creatividad ni señalar un nuevo rumbo. Julio será el mes del tratamiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, que podría significar un salto cualitativo en derechos civiles y humanos. A veces (eclipsada por chicanas, operaciones de bajo calibre y argumentos charros) la democracia da sus frutos.