EL PAíS › EL RECLAMO EN EL CENTRO PORTEñO

Con críticas para todos

Miles de personas marcharon ayer por el centro porteño para exigir la “aparición con vida” de Jorge Julio López, uno de los testigos centrales del juicio que concluyó con la condena a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz. La movilización fue convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a partidos de izquierda y organizaciones sociales.

El EMVJ acusó a los gobiernos nacional y bonaerense como “máximos encubridores de la desaparición” de López, y al Poder Judicial porque “mostró descarnadamente el rol determinante que sabe jugar cuando el poder lo convoca”; vinculó el asesinato de Silvia Suppo con su rol como testigo contra represores, acusó al gobernador Hermes Binner y a la Justicia santafesina como “garantes de la impunidad”, repudió la “represión policial y la tortura”, y “la política de los Kirchner de criminalización de la protesta, que intenta frenar luchas obreras y descabezar sus conducciones combativas”.

La movilización partió desde el Congreso, encabezada por el titular del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el abogado Carlos Slepoy, que impulsó en los ’90 los juicios en España y ahora promueve la investigación en la Argentina de los crímenes del franquismo. A las seis de la tarde en Plaza de Mayo se leyó el documento. El EMVJ recordó que tras la desaparición de López el gobernador Felipe Solá admitió la responsabilidad de la policía bonaerense. “Nos dijo: ‘Peligra la gobernabilidad de la fuerza’. Ya habían renunciado a encontrar a nuestro compañero, y a detener y juzgar a los responsables.” El EMVJ acusó al gobernador Daniel Scioli, a sus ministros de seguridad Carlos Stornelli y Ricardo Casal; a Néstor Kirchner y Cristina Fernández y “al superministro Aníbal Fernández por abandonar a Julio a su suerte y asegurar la impunidad de los responsables”, al procurador Esteban Righi por “no instruir a los fiscales para investigar a la bonaerense”, a los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco “por dejar caer la causa” y a la Corte Suprema “por inacción”.

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