EL PAíS › OYARBIDE ANALIZA LAS IRREGULARIDADES EN LA IGJ

Camino a convertirse en megacausa

Aunque no es de los expedientes más difundidos que el juez Norberto Oyarbide tiene a cargo, el que analiza las irregularidades en la Inspección General de Justicia (IGJ) ya está camino a convertirse en otra megacausa. La alteración del registro del domicilio de Atlas Copco –un recurso con el que la empresa habría intentado eludir o posponer la demanda laboral de Daniel Yoan– es apenas una pequeña muestra de las maniobras descubiertas desde mediados de 2009. La causa estuvo bajo secreto de sumario hasta la semana pasada y habría otras importantes maniobras detectadas, según allegados a la causa.

En lo que va del año, Oyarbide procesó a dos empleados y un directivo de la IGJ, además de un escribano y un gestor, como integrantes de una asociación ilícita especializada en truchar los registros oficiales de sociedades comerciales. La finalidad de la organización, evaluó el juzgado, era facilitar –a quien solicitara sus “servicios”– distintos tipos de estafas, lavado de dinero y evasión tributaria. Así ofrecían, según lo que se fue descubriendo, desde fraguar transferencias de acciones para lograr la apropiación de algún bien, registrar un cambio irreal de jurisdicción (en algún lugar remoto) de alguna empresa en quiebra para que los acreedores nunca cobrasen, alterar la composición de una sociedad y hasta ocultar propiedades para no perderlas en un divorcio.

Uno de los procesados es Raúl Moretti, coordinador de Registros Nacionales de la IGJ. Los otros empleados del organismo implicados son Juan José Medina y Rosendo Godoy. Este último estuvo preso, igual que el gestor Raúl Carbonaro (quien había sido empleado de la IGJ y terminó sumariado) y el escribano Horacio Clariá. Oyarbide evaluó que existen suficientes pruebas de que actuaron en forma organizada para “insertar datos falsos en la constitución de sociedades” (de la ciudad de Buenos Aires) y “modificar sus estatutos”. Para esto alteraban el registro informático de la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia. Cuando allanó estudios y escribanías, en la de Clariá el juez encontró expedientes originales de la IGJ. Tenían sellos, timbrados y otros elementos necesarios para duplicar trámites. La pesquisa podría estar camino a ampliar la lista de implicados de distinta estirpe en la trama. Hay más funcionarios y empresas en la mira.

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