Desde Georgetown

Con la media sanción que le dio el miércoles la Cámara de Diputados uruguaya al Tratado Constitutivo de la Unasur, el bloque regional quedó a un paso de dar su primer salto importante desde su nacimiento: con la aprobación del Senado (que ya había votado a favor del proyecto durante 2009, pero al no ser tratado por la Cámara baja ese año perdió estado parlamentario), Uruguay será el noveno de los doce miembros en dar el visto bueno, alcanzando la cifra necesaria para ponerlo en marcha. Treinta días después, el tratado entrará en vigor, otorgándole finalmente un status legal y personería jurídica internacional a la Unión de Naciones Suramericanas. De esta forma, pierde urgencia el tratamiento del tema en los países donde aún queda pendiente: Colombia (lo haría en cuestión de pocos meses ya que hay consenso entre los sectores políticos locales), Paraguay (donde el Congreso está en manos de la oposición) y Brasil (la discusión se vio demorada por el proceso electoral).

La entrada en vigencia del tratado trae consigo nuevos problemas, que los países miembro comenzaron a discutir en Georgetown. Los principales son el tema presupuestario, por un lado, y cuál será la estructura sobre la que se organizará la Unión, por el otro. El primero es el más espinoso, ya que los países socios deberán aportar financiamiento para sostener la secretaría general, que se inaugurará el año próximo en Ecuador y funcionará de manera permanente, además de los grupos de trabajo y otras iniciativas que se planean a futuro, como ser el Banco del Sur. Si bien el tema está siendo discutido a nivel ministerial por los miembros del bloque, esto se hace bajo absoluta reserva para que las discusiones no enturbien el clima de convivencia.

Por otra parte, el arranque de Guyana al frente de la presidencia pro témpore de la Unasur abrió la puerta para comenzar a encontrarle una estructura definitiva a la organización. Ese rol, subordinado a la secretaría general, está para representar al bloque ante otras instancias internacionales, y rota de forma anual entre todos los miembros, en orden alfabético. El primer período, por acuerdo, le correspondió a Chile, que fue sucedido por Ecuador. Cuando le tocó a Guyana, muchos pensaron que habría de ceder su lugar. Sin embargo, el presidente Bharrat Jagdeo decidió aceptar la responsabilidad.

Con todo, el cargo implicaba también encabezar los distintos consejos sectoriales que funcionan de forma permanente, una tarea que tal vez fuera demasiado para Guyana, por lo que se decidió asignar la presidencia de cada uno de esos consejos a un país para que se encargue del seguimiento, en un esquema que ayuda a darle continuidad al trabajo en conjunto. En el reparto, Argentina se quedó con la titularidad del Consejo de Economía y Finanzas, mientras que el de Energía lo ocupará Venezuela y el de Infraestructura, Brasil.