EL PAíS

Ley pareja

 Por Horacio Verbitsky

La Asociación Empresaria AEA fue invitada por Hugo Biolcati a sentarse a la mesa en la Sociedad Rural junto con los presidentes de las cámaras patronales de banqueros, constructores, comerciantes, industriales y corredores de bolsa. Jaime Campos, Jorge Brito, Carlos Wagner, Carlos de la Vega, José Mendiguren y Adelmo Gabbi aceptaron a regañadientes la presencia del gerente profesional de AEA Jaime Campos, contratado por el Grupo Clarín y la transnacional italiana Techint para actuar como ariete contra el gobierno sin exponer en exceso a sus mandantes. También participó un delegado de la Iglesia Católica, hermano de uno de los obispos más jóvenes. Un efecto de esta mesa ampliada fue que a diferencia de los otros encuentros de la Banda de los Seis, esta vez no hubiera un comunicado final. Se trató, dijeron, de un cordial encuentro entre amigos. La pugna por su interpretación se libro en otro territorio. Como vocero de la AEA, Clarín sostuvo que los patrones tienen dudas “sobre el futuro económico del país después de las elecciones” y temores sobre un “modelo populista” que podría “acelerar la inflación”. En cambio varias de las entidades hicieron saber conceptos favorables a la política económica, como el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, quien se opuso a cualquier intento de contener el aumento de precios con medidas recesivas que disminuyan la demanda, y el de la Asociación de Bancos ADEBA, Jorge Brito, quien también destacó el consumo interno como una gran oportunidad para invertir. Estas visiones contrapuestas reflejan las distintas actitudes en relación con el Estado Nacional y sus actuales autoridades. Recién esta semana, Techint terminó por aceptar la incorporación a su directorio de tres representantes estatales por el 25,97 del paquete accionario de Siderar en poder de la Anses y desistió de seguir cuestionando ante la Justicia la legalidad del decreto 441 que fundamenta esa representación. El Banco Macro, que preside Brito, había admitido a los directores estatales en cuanto la ANSES los designó, pese a que no estuvo entre ellos el candidato que había sugerido. Además de deponer su pretensión de elegir a un hombre propio como representante del Estado, Siderar también se resignó a distribuir 1500 millones de pesos en dividendos e informar como corresponde a sus accionistas sobre más de 1500 millones de dólares en reservas de beneficios, para lo cual se celebrará una asamblea extraordinaria antes de fin de año. En el mismo contexto debe incluirse la decisión del Grupo Clarín de permitir la extracción de sangre a los hijos adoptivos de su presidenta, en el Banco Nacional de Datos Genéticos y para su cotejo con todas las archivadas en esa institución. Al rehusar durante una década esa sencilla prueba en los términos contemplados por la ley (pretendían que las muestras se tomaran en otro lado, que sólo se compararan con un par de casos y que en vez de archivarse se destruyeran) generaron una reacción adversa que se les tornó insostenible. Que los resultados obtenidos no hayan confirmado las sospechas que investigó la Justicia, demuestra que su pretensión de excepcionalidad era, además de todo, contraria a los propios intereses del grupo. Más allá del conflicto político que se solapó con el caso judicial, asumido por el gobierno nacional como bandera de lucha sin demasiada cautela, las novedades de los últimos días constituyen pasos firmes en el largo camino hacia una verdadera cultura democrática, en la que los poderes fácticos no estén por encima de la ley.

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