EL PAíS

El primer caso

 Por Horacio Verbitsky

La isla “El Silencio” era la residencia de descanso del Arzobispado de Buenos Aires, en las afueras de la capital argentina, y escenario del festejo anual de graduación de sus seminaristas. Como titular figuraba el solterón Antonio Arbelaiz, administrador de los bienes de la Curia durante más de treinta años, con los cardenales Santiago Copello, Fermín Lafitte, Antonio Caggiano y Juan Carlos Aramburu. Arbelaiz hizo testamento a favor de la Curia. A raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1979, el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada necesitaba un lugar donde esconder a sesenta prisioneros para que los investigadores no los encontraran. Arbelaiz vendió “El Silencio”, sobre el río Chañá-Miní, a monseñor Emilio Grasselli, secretario general del Vicariato Castrense y secretario familiar de Caggiano hasta su muerte, ese mismo año. Gra-sselli transfirió esa propiedad al Grupo de Tareas de la ESMA, que la adquirió con el documento falso del detenido ilegal Marcelo Hernández. Pude reconstruir las sucesivas ventas encadenadas, típicas de una operación de lavado en la que se confunden las pistas, por la colaboración del actual Papa Francisco, quien en 1999 me indicó en un manuscrito de su puño y letra en qué juzgado estaba el expediente. El círculo se cerró cuando el dinero que la Armada le debía a Grasselli por la hipoteca sobre la isla fue a parar a la Curia, como heredera de Arbelaiz. En uno de sus testimonios judiciales, el entonces cardenal Jorge Bergoglio dijo que nunca oyó hablar de la isla “El Silencio”, ante lo cual publiqué el facsímil de su manuscrito. Los prisioneros estuvieron dos meses en “El Silencio” y al terminar la misión de la OEA la mayoría volvió a la ESMA, algunos fueron puestos en libertad, y otros asesinados. Recién en junio de este año, casi dos décadas después de conocida su existencia, el lugar fue reconocido por la Justicia, durante una visita con los sobrevivientes que realizó el juez federal de la Capital, Sergio Torres, instructor de la causa ESMA.

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