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La mayor marcha del silencio, con el recuerdo del obispo Sueldo

Por A. D.
Desde Santiago del Estero

Hace dos semanas, apenas eran cien personas las que rodeaban la plaza Libertad gritando “¡justicia!”. Desde aquel momento hasta la multitudinaria marcha de ayer pasaron dos nuevos detenidos, nuevas denuncias contra “los hijos del poder” y contra el poder mismo. Pasó, además, un allanamiento ordenado sobre una de los territorios privados del poder, la granja de Musa Azar, el ex jefe de los espías. Ayer ya no fueron 100 ni 2000 los habitantes de Santiago que se movilizaron. Fueron más de 5000, amuchados a lo largo de cinco cuadras desde donde se oía a las familias de las víctimas de los crímenes de La Dársena, a las madres de los otros crímenes impunes, a los sacerdotes que denunciaban el homicidio del obispo Gerardo Sueldo y otra vez, el nombre de Musa Azar, esta vez metido entre los cánticos del “se va a acabar, se va a acabar, la impunidad de Musa Azar...”.
La marcha comenzó a más de diez kilómetros de Santiago. Salió desde los tribunales de La Banda, convertido durante estos días en el escenario donde transitan los testigos, los detenidos y los familiares de las víctimas de La Dársena. En la procesión se vieron caras distintas, sobre todo, las de algunos sacerdotes que claramente tomaron las primeras líneas. Miguel Monjes, uno de los curas, con el micrófono en mano lanzó: “Como decía Sueldo, si la justicia es lenta, la justicia no existe”. Monjes es uno de los sacerdotes del interior de Santiago que se sumaron al reclamo de “castigo y cárcel para los responsables y corruptos de este crimen”, lanzado, como en las barricadas, por Raúl Gerez, otro de los curas de La Banda. Fueron ellos, los curas, quienes anunciaron para el próximo martes una cita que puede ser histórica: a los pies de La Dársena, en aquel monte donde aparecieron los cuerpos de las chicas, harán una celebración religiosa.
Cuando los manifestantes llegaban ya a la plaza de Santiago, comenzaban a escucharse otros cantos. Esta vez era un “¡ohh, ohh no le tengo miedo, ohh no le tengo miedo, pongan huevos santiagueños!”. Entre los que marcharon había gente que se sumó al reclamo de justicia hacía poco. Como Raúl Romero, uno de los hombres que hacía su segundo contacto con las marchas. “¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de que esto tiene que cambiar”, decía antes de acordarse, otra vez, de las lecciones aprendidas por los habitantes de Santiago durante las procesiones contra la impunidad encabezadas hace años por el obispo Sueldo. “Nos enseñó a levantar la voz, nos enseñó a ponernos de pie. Esa muerte nos quitó fuerza y nos hizo perder las esperanzas. Y de pronto creíamos que todo estaba perdido”, siguió el hombre, antes de ponerse a mirar lo que estaba sucediendo al lado, entre esa multitud de más de cinco mil personas.
No estaba todo perdido. Eso decía la marcha. Y lo decía también Junes Bshier, el padre de Leyla, aquel hombre que hace meses llegaba a Buenos Aires para tratar de hablar del crimen de su hija fuera de las fronteras de Santiago. “Ahora –decía Bshier–, ahora la causa ya no es mía, sino del pueblo; hoy el pueblo está expresando su voz para pedir justicia.” Y en ese reclamo de justicia colectivo, su hija no es la única que aparecía: “Hay muchos casos –decía Bshier–, hay muchos casos y se levantó el pueblo para pedir por todos”.
De eso hablaba en la marcha José González, uno de los nuevos residentes en Santiago. Desde hace cinco meses vive en la provincia y desde hace cuatro marchas sigue el reclamo por el pedido de justicia: “Esto ya no va más –decía– y la gente está buscando un cambio”. Muchos se acuerdan del caso María Soledad y del modo en que los catamarqueños fueron transformando pequeñas columnas en las largas marchas del silencio. Ahora Santiago parece repetir el mismo camino. Son más los que pierden el miedo para sumarse, son los organismos de derechos humanos y agrupaciones que llegan desde el interior. Ayer estuvieron representantes del Serpaj, de la APDH, de la organización Liberpueblo. Pidieron la intervención de la Justicia Federal y la conformación de una comisión investigadora integrada por familiares de víctimas de la impunidad.

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