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El presidente Néstor Kirchner firmó ayer el decreto que pone en funcionamiento el Concejo de Guerra para analizar los sumarios que se instruyen contra los generales retirados que justificaron las desapariciones y torturas durante la última dictadura militar. El Presidente junto al ministro de Defensa, José Pampuro también repasó el destino de los 150 millones de pesos con los que el Gobierno dispuso elevar el presupuesto de la cartera.
Kirchner había firmado el lunes un decreto por el cual designó al director de Informática y Comunicación del Ejército, general Luis Alberto Pozzi, para que tramite los sumarios contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex ministro de Planeamiento, general Ramón Díaz Bessone, y el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy.
Una fuente de la Casa Rosada dijo que Kirchner sigue con especial “interés” la evolución de este tema y está permanentemente informado a través del ministro Pampuro, con quien mantuvo un encuentro ayer en la Casa Rosada.
Desde Gobierno también informaron que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, tenía previsto compartir ayer un almuerzo con los jefes del Estado Mayor Conjunto y de las tres Fuerzas Armadas, aunque ese encuentro finalmente no se produjo.
Los sumarios ordenados por el decreto presidencial se realizarán a fin de determinar las responsabilidades disciplinarias y/o penales que podrían caberles a estos tres militares por las declaraciones que hicieron para la televisión francesa, y que Página/12 reprodujo en forma exclusiva.
La norma indica que la investigación debe alcanzar también al personal militar a quien se atribuye declaraciones con motivo de las entrevistas, aunque no se dispone la instrucción de sumarios en su contra.
En los considerandos de la norma se advierte que las entrevistas concedidas por Bignone, Díaz Bessone y Harguindeguy se realizaron “sin autorización superior” y que sus dichos generaron “una grave repercusión social y política en el ámbito nacional”.
Las sanciones disciplinarias que podrían aplicarse a los militares están siendo analizadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas –integrada por tres hombres del Ejército, tres de la Armada y tres de la Fuerza Aérea– y van desde el arresto hasta la destitución.