SOCIEDAD › RECLAMOS POR EL TRABAJADOR SALTEñO GOLPEADO Y TORTURADO POR LA POLICIA RIONEGRINA EN 2011

Cinco años de una desaparición impune

Daniel Solano fue a cosechar frutas a Río Negro y terminó desaparecido tras protestar porque no le pagaban lo acordado. Familiares y organizaciones sociales denuncian una red de complicidades que incluye a la Justicia y la empresa. Hoy habrá una protesta en Choele Choel.

Daniel Solano, del pueblo guaraní de Salta, viajó como trabajador a la cosecha de frutas a Río Negro para una empresa tercerizada de la multinacional Expofrut. Vivía hacinado y la paga no fue la acordada. Reclamó sus derechos y comenzó a organizar a sus compañeros. Desapareció al día siguiente, luego de que la policía lo golpeara y subiera a una camioneta. Nunca más se supo de él. La familia denunció a la empresa, a policías, al fiscal y al juez, por la inacción en la investigación. Un testigo señaló dónde estaría el cuerpo, pero el Poder Judicial demora la búsqueda desde 2014. A cinco años de su desaparición, hoy habrá actividades en Choele Choel con una consigna: “Daniel Solano presente”.

Solano vía en Tartagal (Salta), parte de la comunidad guaraní Cherenta. En 2011 viajó con una veintena de personas hasta Lamarque (en el valle medio de Río Negro). Y comenzó a trabajar en la cosecha de manzanas y peras para la empresa Agrocosecha (que tercerizaba trabajo para la multinacional Expofrut). El viernes 4 de noviembre de 2011 le hicieron el primer pago, por veinte días de trabajo. Le habían prometido 200 pesos por jornada, pero sólo le entregaron 870 pesos (43 pesos por día).

Reclamó ante el capataz. Avisó a sus compañeros sobre el pago, y la necesidad de pedir reintegro. Por la tarde llamó a su padre (Gualberto), charló sobre la familia y avisó que el lunes reclamarían el reintegro. Esa noche fue junto a sus compañeros al boliche Macuba (en la vecina Choele Choel). A las 3 de la mañana fue sacado por los policías. Los testigos aclararon luego que no hubo disturbios ni situación que ameritara que lo echaran.

“Está probado por decenas de testigos que lo sacan y entregan a otros policías, que están afuera, lo golpean y se lo llevan a una camioneta. Lo asesinan y desaparecen”, afirmó el abogado de la familia, Leandro Aparicio (que trabaja junto a su colega Sergio Heredia).

La versión oficial, de la empresa Agrocosecha, es que Solano se fue a Neuquén en busca de otro trabajo. El padre de Daniel viajó hasta Choele Choel. La compañía le brindó asistencia de una abogada (María Cecilia Constanzo), que intentó convencerlo (incluso con falsos testigos) de que su hijo estaba en Neuquén.

El involucramiento de otros abogados, y de organizaciones sociales y personas del lugar, mostraron otra realidad. Afirmaron que los policías actuaron por orden de la empresa, el fiscal (Miguel Flores) no investigó y la jueza (Marisa Bosco, del Juzgado 30 de Choele Choel) actuó en el mismo sentido de inacción.

Gualberto Solano y el abogado Heredia dejaron Salta y se instalaron en Choele Choel. Nació un acampe en pedido de justicia, que se mantiene aún hoy. Luego de meses de investigación, denunciaron una red de complicidad que incluía a más de treinta personas: policías, jueces, fiscales, dueños del local bailable, empresarios y falsos testigos. Se los acusaba de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales seguidos de muerte, y falso testimonio.

En 2012, y por acción de un juez subrogante (Víctor Soto), se ordenó el procesamiento y detención de siete policías, que (según diferentes testigos y pruebas) intervinieron en la noche en que desapareció Solano. La familia denunció que no se avanzó sobre el resto de los responsables (comisarios, miembros del Poder Judicial y los dueños de la empresa Agrocosecha Argentina, Pablo Andrés Mercado Navarro, Gustavo Lapenta y Adrián Lapenta).

En 2015, cuando se cumplieron tres años de prisión sin condena, los policías fueron liberados. “Siguen procesados, con muchos testigos que confirman los apremios ilegales. Y esos mismos policías están armados, en El Bolsón algunos y otros por las mismas calles donde desaparecieron a Daniel”, explicó Andrea Alán, de la organización Familiares y Amigos de Daniel Solano. Alán resumió las sucesivas injusticias: “Policías que desaparecen trabajadores, empresas que hacen trata de personas, fiscales que no investigan, jueces que no quieren justicia”.

En 2014, mediante un testigo de identidad reservada, se aportaron pruebas de que el cuerpo de Solano estaría en un jagüel (pozo profundo para obtención y reserva de agua), a quince kilómetros de Choele Choel, en un campo donde solían verse policías. El juez Julio Martínez Vivot, en base al testimonio de un “jagüelero” (trabajador que hace mantenimiento de pozos) desistió de buscar por supuesto “riesgo de derrumbe”.

La familia de Solano pidió otra opinión. El geólogo Walter Ovejero viajó desde Salta y confirmó que se podía bajar hasta los 80 metros de profundidad, con recaudos. Dos peritos provinciales apoyaron la evaluación. Pero el juez Martínez Vivot se negó.

“En el medio se mandaron una jugada judicial de disputar dónde queda la causa, si en provincia o en el ámbito federal. Mientras, la causa está frenada desde hace dos años”, denunció el abogado Aparicio y resaltó otros aspectos de la causa: fraude laboral, trata de personas y narcotráfico. El expediente está en la Corte Suprema de Justicia de Nación.

Gualberto Solano, que estuvo meses en el acampe, reclamó en Plaza de Mayo y estuvo en el borde del jagüel, tiene un solo pedido: “Quiero el cuerpo de mi hijo y llevarlo a nuestra comunidad en Salta”.

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Los reclamos se suceden desde el 4 de noviembre de 2011, cuando Solano desapareció.
 
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