SOCIEDAD › UN INFORME SOBRE LAS MáS DE 200 EXPLOTACIONES COMERCIALES DE LA CIUDAD

Las concesiones porteñas, un gran negocio para empresarios

El estudio elaborado por el FpV, Nuevo Encuentro y la Auditoría General porteña advierte que en el Presupuesto 2017 la Ciudad recaudará por los cánones la mitad de lo obtenido en 2008. Denuncian que el sistema implementado por el PRO es una “verdadera estafa al Estado”.

Un informe presentado en la Legislatura, al que tuvo acceso Página/12, realiza un duro análisis crítico del sistema de concesiones de la Ciudad de Buenos Aires, al que califica de “verdadera estafa al Estado” porque el Gobierno del PRO-Cambiemos hace “la vista gorda” para favorecer “a un grupo de empresarios”. Al hacer un análisis sobre más de 200 concesiones para uso comercial, se señala que todas las empresas pagan un canon irrisorio por la explotación de negocios millonarios, al punto que se estima en el presupuesto 2017 que la recaudación por ese rubro “va a ser la mitad, en términos reales, de los valores obtenidos por el Estado en el año 2008”.

Como ejemplo se cita al Complejo Costa Salguero, donde en el mes de abril murieron cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp. La empresa concesionaria del predio de la Costanera Norte, Telemetrix, le abona al fisco porteño “un canon absolutamente irrisorio y, en simultáneo, subconcesiona el predio a más de 20 empresas, recaudando por ello sumas exorbitantes”. La firma, que paga un canon de alrededor de 331 mil pesos mensuales, recibe más de tres millones de las subconcesionarias. El problema central es que en lugar de concesiones licitadas, con aprobación de la Legislatura, se pactan “permisos de uso precario” renovables sin la intervención de los legisladores porteños.

El informe fue presentado en el salón Arturo Jauretche, del Palacio Legislativo, con la participación de la legisladora porteña Andrea Conde (FpV), la titular de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, y el ex diputado de la Ciudad Facundo Di Filippo, uno de los primeros en denunciar las irregularidades en las concesiones de predios del Estado utilizados para realizar “grandes negociados privados”.

En el informe, realizado en conjunto por el FpV, Nuevo Encuentro y la Auditoría General porteña, se resalta que esta “verdadera estafa al Estado de la Cuidad (…) ha sido posible no sólo porque quienes deben administrar los fondos de los porteños han decidido hacer la vista gorda sobre algunas irregularidades flagrantes, sino también porque han montado un sistema que parece estar a merced de la realización de negocios por parte de un grupo de empresarios”.

Mediante “artilugios legales”, el gobierno del PRO intenta “ampliar su discrecionalidad, reducir aún más la transparencia y excluir a la Legislatura porteña” en la toma de decisiones. Para lograrlo “en lugar de concesionar predios, otorga ‘permisos de uso’, lo cual le permite evitar los procesos de licitación y bloquear la participación de la Legislatura”.

La Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, se encarga de “gestionar las concesiones y los permisos de uso precario” otorgados por el Gobierno. Son en total 505 inmuebles, de los cuales 207 se utilizan para fines deexplotación comercial (41 por ciento), 88 están asignados a sedes de cooperadoras escolares (17 por ciento), 56 son permisos de uso precarios y gratuitos a asociaciones sin fines de lucro (12 por ciento), 21 están otorgados a la Secretaría de Deportes, algunos en convenio con otras entidades sin fines de lucro, (4 por ciento), 71 a personas con discapacidad (14 por ciento), y 62 se encuentran asignados a distintos organismos públicos (12 por ciento).

Entre los inmuebles destinados a la explotación comercial, 76 son espacios bajo autopista; 17 playas de estacionamiento (la mayoría subterráneas); 23 locales comerciales pequeños; 48 calesitas, y 20 predios de grandes dimensiones, entre otros. La mayor parte de los predios de explotación comercial son destinados a las actividades gastronómicas; de deporte, recreación y esparcimiento; a estacionamientos; y a comercios de diversos rubros.

El informe destaca que “el sistema de concesiones en la Ciudad no se caracteriza por estar administrado bajo criterios de equidad, orientados a gestionar el patrimonio de los porteños en beneficio del conjunto” sino que “por el contrario, el oficialismo ha instaurado una lógica que refuerza el proceso de fuerte polarización que posee la Ciudad, garantiza los negocios de un conjunto de empresarios en detrimento del fisco, hace la vista gorda ante las irregularidades de los concesionarios, y corre de escena a la Legislatura, órgano desde el cual la oposición podría auditar los desmanejos del Ejecutivo”.

Se señala, en ese sentido, que “mientras los terrenos más valiosos, situados en la zona norte, son explotados comercialmente, los que se encuentran en el sur son destinados a satisfacer otros usos relacionados con actividades sociales”. Entre los predios cedidos a asociaciones sin fines de lucro, solamente 13 se encuentran en el norte, y los restantes 43 se localizan en el sur y oeste de la Ciudad; en simultáneo, entre los predios de explotación comercial, 78 se encuentran en el norte y 95, en el sur”, la mayoría debajo de la Autopista 25 de Mayo.

El trabajo sugiere que “en ese contexto, se podrían corregir los efectos negativos en términos de equidad que se generan si se implementara una adecuada política de compensaciones que exigiera que los concesionarios retribuyeran al Estado de la Ciudad por la explotación de los terrenos de mayor valor”. Sin embargo, “la orientación del Ejecutivo porteño parece ir justamente en el sentido contrario, considerando el bajísimo canon que muchas empresas abonan por concesionar terrenos en la zona norte de la Ciudad”, como ocurre con Costa Salguero.

Por otro lado, se advierten “fuertes irregularidades en los contratos de concesión y permisos de uso oneroso destinados a explotación comercial”, al punto que “de un universo de 207 dedicados a esta categoría, a diciembre de 2015, 77 se encuentran vencidos (37 por ciento), al tiempo que 32 están en proceso de adjudicación (15 por ciento), y 82 están vigentes (40 por ciento). Si bien estos datos deberían ser públicos, al presente no se cuenta con información del estado de 16 inmuebles (8 por ciento)”.

Como consecuencia de esto “los ingresos que el fisco porteño recauda en materia de concesiones se han reducido notablemente durante las administraciones del PRO, y la situación para el año próximo parece que no constituirá una excepción”. Se afirma que “a pesar de que en el mensaje del proyecto de presupuesto 2017 enviado por el oficialismo a la Legislatura se sostiene que ‘se seguirán manteniendo actualizados los contratos de concesión y permisos’, lo cierto es que la previsión de recaudación para ese año representa, en términos reales, la mitad de los fondos ingresados en 2008”, primer año de gestión macrista en la Ciudad.

De todos modos, el monto estimado para 2017 es superior a la de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, cuando “la recaudación por este concepto fue de apenas un tercio de la de 2008”.

Todo lleva a la conclusión de que “el régimen de concesiones en la Ciudad ha sido puesto al servicio de los intereses de un conjunto de empresas, que se valen de la complicidad del Ejecutivo para conseguir negocios fabulosos usufructuando los predios de mayor valor de la Ciudad, pagando cánones irrisorios, incumpliendo el marco regulatorio y sin tener que rendir cuentas ante ninguna autoridad de control”, advierte el Colectivo por la Igualdad.

En el informe se subraya que la explotación del predio de Costa Salguero “representa el caso más emblemático”. La historia comenzó en 1988, cuando la Administración General de Puertos Sociedad del Estado otorgó a Telemetrix S.A. un permiso de uso para la explotación del predio “Complejo Costa Salguero” por el término de 10 años. En 1992 se reemplazó esa figura jurídica por la de “concesión de uso”, por el término de 30 años, con un canon mensual de 30.130, 97 pesos, congelado por la vigencia de la Ley de Convertibilidad.

En 2001, cuando se puso fin a ese régimen, el canon tampoco sufrió modificaciones. Desde ese momento el predio pasó de la Nación al Gobierno de la Ciudad, que en 2008, cuando asumió Mauricio Macri como jefe de Gobierno, la Ciudad “amagó corregir esta situación, pero “no generó grandes cambios”. La que sí se modificó fue la política de la concesionaria Telemetrix, que aplicó ajustes a los numerosos subconcesionarios lo que derivaba en “provechosos negocios” favorecidos por la actitud cómplice del Estado.

El Ejecutivo planteó actualizar el canon tomando en cuenta la evolución inflacionaria, que desde el 2002 al 2008 había sido del 195 por ciento. Esto llevaba el canon a 88.886 mensuales. Incluso se habló de la necesidad de un ajuste retroactivo. Telemetrix opuso un recurso de reconsideración y el Gobierno finalmente fijó un ajuste menor, que llevó el canon a 65 mil pesos, sin reclamo retroactivo.

Al mismo tiempo se fijó un sistema de actualización semestral delirante, que tomaba en cuenta la evolución del precio de determinados servicios de la subconcesionaria DR S.A. Se tomaba en cuenta el valor fijado para “el balde de las pelotitas de golf” establecido por esa firma, y el valor del metro cuadrado cubierto diario fijado por Costa Salguero para el uso temporario destinado a ferias y exposiciones.

En el informe se denuncia que “aquello que podría ser presentado como un sistema imparcial de actualización, en realidad ocultaba que el valor del canon habría de quedar en la práctica librado a la propia Telemetrix”. Y en efecto “aprovechando este esquema, el canon abonado por Telemetrix al Gobierno de la Ciudad decreció en términos reales casi un 20 por ciento durante los últimos años”.

Al mismo tiempo “no fue subsanado el reconocido desajuste entre lo abonado por Telemetrix al Estado y lo pagado por las subconcesionarias de Costa Salguero a la propia Telemetrix, situación que implica que el fisco porteño deje de percibir cientos de miles de pesos por mes”. En mayo de 2016 Telemetrix pagó al Gobierno de la Ciudad un canon de 331.149 pesos y en el mismo mes, las concesionarias le pagaron a Telemetrix un estimado de 578.175 pesos más un estimado de 197.312 dólares (2.861.023 pesos), es decir, un total de 3.439.198 pesos.

Si a ese total se le restan los 125.748 dólares pagados por DR S.A. y Centro Costa Salguero S.A. (más sus 2 subconcesionarios), cuyos directorios son muy similares a los de Telemetrix, esta última empresa obtuvo en mayo 1.615.858 pesos como pago de sus subconcesionarios. En consecuencia, el Estado de la Ciudad dejó de percibir, sólo durante el mes de mayo, un estimado de 1.284.709 pesos.

Los bloques del FpV y NE reclaman “la imperiosa necesidad de reformular el régimen de concesiones de la Ciudad”. Plantean, entre otras cosas, establecer definiciones precisas “en materia de concesiones y permisos de usos precarios”, dando prioridad en estos casos “a cooperativas de trabajo autogestionadas” o a “personas jurídicas cuyo objeto sea el bien público exclusivo para la realización de actividades de acción social”. Otra alternativa que se propicia es conceder esos inmuebles “para mujeres víctimas de violencia”. También se propicia el fin de las concesiones por contratación directa sin intervención de la Legislatura y prohibir las subconcesiones.

Un sistema al servicio de los negocios empresarios

Andrea Conde *

En abril de 2016, cinco jóvenes fallecieron durante la fiesta electrónica “Time Warp”, celebrada en el predio de Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este dramático hecho dejó al desnudo no sólo las groseras falencias en materia de control por parte del poder ejecutivo porteño, sino también la trama oculta de irregularidades que atraviesa el sistema de concesiones de la Ciudad. En efecto, a partir de entonces se supo que la empresa concesionaria de Costa Salguero, Telemetrix, abona al fisco porteño un canon absolutamente irrisorio y, en simultáneo, subconcesiona el predio a más de 20 empresas, recaudando por ello sumas exorbitantes.

Esta verdadera estafa al Estado de la Cuidad de Buenos Aires ha sido posible no sólo porque quienes deben administrar los fondos de los porteños han decidido hacer la vista gorda sobre algunas irregularidades flagrantes, sino también porque han montado un sistema que parece estar a merced de la realización de negocios por parte de un grupo de empresarios. La falta de control y sanción frente a los incumplimientos por parte de los concesionarios, la fijación de cánones ridículamente bajos, y el otorgamiento de predios para explotación comercial en las zonas de la Ciudad con mayor valor del suelo son parte de un cuadro de situación cuya expresión más emblemática es justamente Costa Salguero. En simultáneo, utilizando un artilugio legal, el Gobierno de la Ciudad intenta con frecuencia ir un paso más allá en esta tendencia, ampliar su discrecionalidad, reducir aún más la transparencia de estos procesos y exluir deliberadamente a la Legislatura porteña de estos procedimientos; para ello, en lugar de concesionar predios, otorga “permisos de uso”, lo cual le permite evitar los procesos de licitación y bloquear la participación justamente de la Legislatura.

Como consecuencia de esta situación, los ingresos que el fisco porteño recauda en materia de concesiones se han reducido muy notablemente durante las administraciones del PRO, y la situación para el año próximo parece que no constituirá una excepción. En efecto, a pesar de que en el mensaje del proyecto de presupuesto 2017 que el oficialismo ha enviado a la Legislatura Porteña se sostiene que "se seguirán manteniendo actualizados los contratos de concesión y permisos", lo cierto es que la previsión de recaudación para dicho año representa, en términos reales, la mitad de los fondos ingresados en 2008 (primer año de gestión macrista en la Ciudad). La cifra, sin embargo, es superior a la de años anteriores, cuando la recaudación por este concepto fue de apenas un tercio de la de 2008.

El escenario actual no sólo precisa de una férrea voluntad política para revitalizar las herramientas de control con las que el Estado de la Ciudad efectivamente cuenta pero que están en desuso; también habrá que avanzar en la elaboración de un nuevo marco normativo que fortalezca las capacidades regulatorias y evite los artilugios de los que se vale la administración actual para garantizar los negocios espurios de un conjunto de empresas. Esta reconfiguración se torna más acuciante aún en el marco del notable incremento de la disponibilidad de suelo que se producirá en la Ciudad de Buenos Aires a partir de distintas obras de infraestructura que han sido anunciadas, como la construcción en altura de un viaducto para la circulación del Tren San Martín. De ello dependerá que este nuevo suelo sea administrado en beneficio de las mismas empresas que vienen concretando abultados negocios, o del conjunto de los porteños.

* Legisladora porteña, FPV.

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En el informe se subraya que la explotación del predio de Costa Salguero “representa el caso más emblemático”.
 
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