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“¿Dónde está la protección al testigo protegido?”, se preguntaba anoche uno de los concejales de Quilmes cuando meditaba sobre el caso Rocha. La pregunta no sólo era retórica. Juan Antonio Rocha, el arrepentido de la megacausa contra el ex gobierno de la municipalidad, no tenía custodia en su casa y en sus últimas horas estaba convencido de que su nombre circulaba fuera de la fiscalía donde había hecho una declaración como testigo de identidad reservada en febrero de este año.
Aunque los investigadores aún no descartan la hipótesis de un suicidio, cambiaron la carátula de la causa por la de “averiguación de los causales de muerte”. Ese cambio estimuló las sospechas del grupo que está detrás de la investigación contra la municipalidad y que impulsó la presentación de Rocha en la justicia. Ellos sostienen que las condiciones de su muerte son, por lo menos, “extrañas”. En ese marco, ayer se preguntaban por las garantías de un testigo protegido en un momento en el que, tal como sucede en Quilmes, la causa se eleva a juicio oral: “Su testimonio integra la acusación fiscal y aunque no aparece el nombre, al leerlo cualquiera se da cuenta quién es el que está hablando”, agrega el concejal.