Este proyecto va a ser incapaz y resultará ineficaz para atender a las demandas de seguridad. Esto se viene comprobando desde las reformas de Ruckauf, Rico y Casanovas, que generaron una crisis institucional y no dieron respuesta a la situación de violencia en la provincia. Se siguieron reformando los códigos con las leyes Blumberg y también quedó demostrado que nada cambiaba con ello. Por el contrario, hubo algunas prácticas posteriores que sí tuvieron incidencia. Por ejemplo, las políticas de control sobre desarmaderos de autos que redujeron los homicidios en ocasión de robo. Esas prácticas ahora se están desarmando en la provincia y ya no sólo en lo discursivo, sino ahora también en lo normativo. El gobierno provincial pretende que reformando las leyes va a modificar la realidad. Es un facilismo que en realidad va a provocar una catástrofe. La nueva ley refuerza la lógica de basar el sistema en la prisión preventiva. Y esto no genera ninguna consecuencia nueva en cuanto a las demandas de la sociedad. Muy por el contrario, producirá un agravamiento de la situación en las cárceles y comisarías. No negamos que exista un problema de violencia en la provincia. Ni que exista también un problema en el funcionamiento del Poder judicial. Sólo advertimos que estas reformas son una atajo mágico para decir en los medios que se está resolviendo el problema, cuando finalmente la situación se va a agravar.

* Directora del Programa de Justicia Democrática del CELS.