Es fácil decir Curso de Formación Profesional para Controladores de Admisión y Permanencia. Lo más difícil es imaginar que quien lo promovió es el padre de un chico muerto a golpes por un patovica en la puerta del boliche La Casona de Lanús, el 3 de diciembre de 2006. “Nunca me voy a olvidar que el que lo mató me dijo: ‘No me enseñaron a hablar, me enseñaron a pegar’”, repitió como debe resonar cada día de su vida Oscar Castellucci, padre de Martín, el chico fallecido. En abril de 2009, el golpeador recibió una condena de once años. Unir la idea del curso de formación a partir de la muerte de un hijo es mostrar que se puede y que hay alternativas a reclamar leyes duras, jury o pena de muerte. “Es una apuesta a abrir la cabeza”, dice Castellucci, y no a golpes.

El lanzamiento del curso es el penúltimo escalón del esfuerzo. El pasado 13 de agosto el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció la creación del Registro Nacional de Controladores de Admisión y Permanencia, creado por la Ley 26.370. La provincia de Buenos Aires ya adhirió y creó su propio registro. La ley obliga a que en tres años todos los controladores para ser contratados deban tener aprobado el curso, para lo que se deben afiliar al Sutcapra (Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina), no tener antecedentes penales y contar con título secundario. “Como una parte muy grande apenas si tiene la primaria, lo que vamos a hacer es que puedan ir cursando el secundario y vayan revalidando cada año con certificados de la cursada”.

El curso para controladores lleva seis meses y está dividido en seis módulos en un total de 240 horas. La titulación habilita y es obligatoria para trabajar. “Es un curso totalmente gratuito”, aseguró el tesorero del Sutcapra, Tagliaferro. Se inició primero en una sede de La Plata, después se abrió otra en Ramos Mejía y ahora la de Quilmes. Son una docena de profesores e instructores designados y dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Y 25 alumnos por curso, lo que hace que a fin de año se recibirá la primera camada de controladores.

Serán recibidos con vítores. Atrás todavía quedan 2500 afiliados y unos 30 mil conocidos sin afiliar. Al ritmo de 75 alumnos por semestre, en 16 años podrían estar todos habilitados. Y si se cuenta los 30 mil seudodeclarados, puede suponerse que dentro de 200 años se podrá considerar tarea cumplida. La ley obliga a que todos los patovas queden transformados en controladores, mediante la afiliación y el curso, en un plazo de tres años máximo.