Es extremo el tema de la locura: alguien puede decir que “los manicomios son campos de concentración” (Sava) y alguien puede negar su existencia, decir que son hospitales monovalentes y que no violan derechos humanos (María Grosso, directora general de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires). La ley nacional, surgida en respuesta a convenciones internacionales, establece que en 2020 no tienen que existir más: las internaciones prolongadas deben reemplazarse por estadías en casas de medio camino, hospitales generales con áreas de salud mental y residencias. El gobierno porteño se niega a cumplirla. “Todos los dispositivos son necesarios”, argumenta Grosso a Página/12.

Según datos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, a cuatro años de sancionada la ley, creció un 88 por ciento la cantidad de hospitales generales con servicio de internación en salud mental. Se redujo un 19 por ciento la cantidad de camas en monovalentes y se incrementaron un 64 los dispositivos comunitarios. Las cifras corresponden a 18 provincias. En la Ciudad de Buenos Aires no se hizo un relevamiento profundo porque la realidad “cambia día a día”, dice Grosso. Agrega: “Hay más de 500 personas rehabilitándose, entre talleres protegidos y emprendimientos, y muchos nuevos dispositivos”.

En cambio, Gisela Elescano, coordinadora del taller de periodismo del FAB, denuncia que a los pacientes del Borda se les da el alta indiscriminadamente. Que terminan en la calle o en neuropsiquiátricos privados –“muchos son geriátricos”– por una resolución del macrismo. “Se está vaciando el hospital, hay 400 personas en un lugar donde caben 2 mil”, asegura. En la Ciudad rige, para la salud mental, la Ley 448.

Por su parte, la directora nacional de Salud Mental, Matilde Massa, indica: “Tenemos relación con la mayoría de las provincias, incluso con algunas que no tienen el mismo color político. Hay funcionarios que salen del chiquitaje de la política partidaria”.

Un ítem que siempre despertó polémica es la falta de vivienda y de trabajo para el externado. Leonardo Gorbacz, autor de la norma, sostiene: “Cuando se institucionaliza a una persona, se la hace más vulnerable. Hay que poner a su disposición programas del Ministerio de Trabajo, de las provincias, de Vivienda y de Desarrollo”, explica. Massa informa que se está avanzando en este sentido con una mesa interministerial y un consejo consultivo integrado por sindicatos, familiares de usuarios y académicos, entre otros. “Todavía, lamentablemente, en la mayor parte del país, la articulación es artesanal, producto del esfuerzo de trabajadores y profesionales”, añade Gorbacz.

Lo cierto y terrible es que atrapadas en la disputa política y en negociados, detrás de las cifras y las proyecciones, están los de carne y hueso. Basta cruzar los muros del Borda para saber que sí, que el manicomio existe. Y que la lucha cotidiana del Frente no es una locura. O sí: si en este mundo los cuerdos ordenan tirar gas pimienta y balas de goma a un neuropsiquiátrico, entonces la del FAB es una historia de arte, lucha, resistencia... y locura.