Entre los temas signados por los estereotipos sociales de funcionarios/as públicos/as, las ONG que elaboraron los informes “sombra” eligieron “dos ejemplos de gravedad” por los impactos que provocan en la vida de las mujeres y niñas. Por un lado, el embarazo y maternidad infantil forzada y por otro, la fuerte discriminación persistente en los operadores judiciales. Según cifras de los últimos 5 años de registros oficiales, más de 3 mil niñas menores de 15 años, por año, en el país afrontan embarazos y partos. En promedio 9 niñas por día acuden al sistema de salud con ocasión de parto. Los embarazos en este rango de edad son en su gran mayoría resultado de abusos sexuales padecidos por las niñas por parte de varones cercanos del círculo familiar. “Las niñas de 14, 13, 12 y menos años que se ven obligadas a continuar los embarazos y parir por decisión de otras personas, basándose en el mandato de ser madres, ven limitados su derecho a la educación y a largo plazo, sus posibilidades laborales y socio-económicas en general”, señalaron las ONG. 
El segundo ejemplo es la mirada discriminatoria de los agentes judiciales frente a mujeres criminalizadas o co-imputadas junto con sus parejas por delitos que tienen por víctimas a sus hijos (homicidios, abuso sexual) fundadas en estereotipos vinculados al ejercicio de su maternidad. “En general en estos casos –advirtieron las ONG– se sigue el precedente fijado por la Corte Suprema que resolvió por mayoría confirmar la sentencia de cadena perpetua de una mujer por cometer, por omisión, el homicidio de su hija. Entendemos que para las mujeres acusadas de cometer estos delitos la consideración prioritaria de su historia de violencia resulta determinante para asegurar la garantía de su derecho a la defensa en juicio. El desconocimiento de las particularidades de la violencia en el marco de fuertes relaciones de dominación en el ámbito intrafamiliar, sumado a los prejuicios que definen y refuerzan prácticas discriminatorias por parte de los/as funcionarios/as judiciales promueven procesos de criminalización contra mujeres víctimas de violencia”, indicaron en uno de los informes “sombra” elevado al Comité Cedaw.