Como subproducto de la caída de los precios internacionales de los granos desde septiembre pasado, parece haberse producido una menor venta de soja por parte de los productores, esperando una recuperación de los valores. Este hecho, a nuestro juicio, es analizado casi como una curiosidad puntual, sin advertir los efectos que el mismo puede tener sobre la actividad económica. En el mejor de los casos, se analiza superficialmente la menor oferta de divisas, fruto del retraso en las exportaciones.

Creo que la cuestión es mucho más relevante. Empecemos por verificar si ha habido tal retraso en las ventas.

Un trabajo realizado por Nadina Mezza y Juan Carlos Valero, del grupo de Economía Industrial del INTI, sobre las últimas cinco campañas y evaluando la forma en que los productores venden su grano a la exportación o a la industria, ha estimado que si el patrón de comportamiento fuera el de los años anteriores, debería haber un stock sin vender de unas 9 millones de toneladas. Sin embargo, su cálculo es de 15,7 millones de toneladas, al 30 de noviembre último (ver cuadro). Esas 6,7 millones de toneladas de soja sin vender tienen varios efectos:

n En términos de divisas y teniendo en cuenta una exportación como poroto o como aceite y harina de soja en las mismas proporciones que el total nacional, hay un faltante de ingreso a la fecha de 1900 millones de dólares.

n A la vez, los ingresos públicos no generados, por retenciones e IVA, son equivalentes a 963 millones de dólares.

Adicionalmente, sin embargo, hay un efecto ni siquiera considerado en los comentarios periodísticos, más importante que los dos anotados. Se trata de la manera en que es afectada la actividad económica en general por el hecho que 6,7 millones de toneladas de soja son guardadas como tales, retirándose su valor monetario de la circulación, ya que ni siquiera son vendidas para guardar el dinero en un banco. Según los números del trabajo, tomando un multiplicador de 1,77 para considerar la restricción de la cadena de consumo e inversión que significa guardar todo ese volumen de porotos sin procesar, la caída temporaria de la actividad general llega a 3623 millones de dólares. Esta caída se produjo en apenas los últimos 90 a 120 días, lo cual hace aún más importante el hecho.

En términos cualitativos, la conclusión es que el efecto recesivo de esta retracción vendedora es mucho más importante que el que puede surgir de la caída de las exportaciones globales o el desplazamiento de producción nacional por importaciones abaratadas por la crisis global. Si bien ese grano se comercializará en los próximos cuatro meses, el solo hecho de manejar información confusa sobre esta enorme masa de dinero retirada de la circulación, ha sido responsable del cambio de expectativas de muchos actores económicos. Volcar a la actividad el valor de la soja cuya venta se dilató equivale a la suma de todas las líneas crediticias dispuestas por el Gobierno para estimular el consumo. Vale la pena considerar, además, que este escenario fue fruto de decisiones micro, seguramente no concertadas, pero tomadas por no más de 2000 personas.

Estos son datos que hablan de una economía frágil, expuesta a riesgos agudos por depender de la exportación de un puñado de productos, en este caso de dos: soja y harina de soja.

Hay aquí una razón más para des-sojizar. Tal vez más trascendente que varias otras de las expuestas en el debate público. Pero a la vez, cabe preguntarse: ¿cómo no tratar de influenciar la conducta de 2000 personas que tienen tanto excedente financiero en su actividad como para poder sembrar la campaña siguiente sin vender la anterior? ¿Correspondería establecer estímulos para disminuir la retracción de venta? En caso de corresponder, ¿no deberían acaso esos estímulos estar asociados a inversiones que aumenten la productividad primaria o que agreguen valor en la posterior industrialización?

Resulta claro que si un pequeño conjunto de actores económicos está en condiciones de guardar bajo el colchón miles de millones de dólares en forma de porotos, hay que volcar esa fortaleza de recursos a favor de un proyecto de desarrollo con equidad. Deberíamos discutir si eso es posible y, en tal caso, cómo.

Omitir esta discusión consolida lo que hoy es una paradoja del muy modesto debate económico en la Argentina. Los conservadores sostienen el derecho de los dueños del excedente a decidir libremente su destino. Los pretendidos “progre”, a su vez, sostienen el derecho del Estado a apropiarse de buena parte de ese excedente vía impuestos, pero en esencia no cuestionan –y por lo tanto no intentan modificar– la forma en que ese excedente es obtenido.

Estamos en una trampa, ya que –al menos a quien esto escribe– le resulta del todo evidente que la situación de fondo no se modifica buscando cambiar el destino del excedente, sino el modo en que ese excedente se genera. Esto es: más productores pequeños y medianos, con intereses concretos en un terruño específico. Solo con esos actores en el escenario es posible después pensar en cómo orientar esa riqueza a favor del interés general.

* Presidente del INTI.