América latina es la región más desigual del planeta, pero está evolucionando en forma lenta hacia una mejor distribución del ingreso. De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 1990 y 2008 nueve de dieciséis países han reducido la disparidad distributiva, dos muestran una evolución mixta (Honduras, El Salvador) y sólo tres (Ecuador, Costa Rica y Argentina) evidencian un deterioro distributivo. El informe destaca que el deterioro en estos países se produjo en la década del noventa y principios de este siglo y no durante el último sexenio, a lo largo del cual mejoraron sus indicadores de desigualdad.

¿Pero cómo logra un país atenuar en forma continua las desigualdades persistentes en la sociedad? Los países desarrollados lo hacen mediante dos herramientas muy poderosas: una política de impuestos y una de gasto público progresivas. Es decir que aquellas personas que pueden pagar más impuestos pagan más que los que tienen menor capacidad de pago (política de impuestos) y reciben, a su vez, menores transferencias de parte del Estado en contraste con aquellas personas que necesitan ayuda estatal (política de gasto público). Ambas herramientas de política fiscal reducen las desigualdades luego de la intervención del Estado.

De esta manera, si el Estado logra mejorar la calidad de vida de los habitantes, la sociedad está dispuesta a un mayor tamaño e injerencia del sector público. El debate en torno del rol del Estado en la Argentina no puede soslayar esta simple y directa medición de impacto social, sobre todo teniendo en cuenta el fuerte crecimiento del sector público de los últimos años. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el gasto público nacional como porcentaje del PBI pasó de representar un 29,5 por ciento en 2003 a un 36,4 por ciento en 2007.

Nuestro país muestra deficiencias tanto por el lado de los impuestos como por el lado del gasto. Pero claramente el sistema tributario está mucho más retrasado en términos de equidad y distribución del ingreso. Para atacar el problema existen varias y muy buenas propuestas de reforma del sistema tributario que podrían prosperar con la actual composición del Congreso. Una de ellas es el proyecto de ley impulsado por diputados del Partido Socialista, que propone eliminar las exenciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a los Bienes Personales para la renta de índole financiera (derivada de intereses, rentas de títulos, dividendos). Los fundamentos del proyecto citan una investigación realizada por Cippec con recomendaciones de políticas fiscales que contribuyen al logro de una más equitativa distribución del ingreso.

El Impuesto a las Ganancias como Bienes Personales es buen ejemplo de tributación progresiva porque la carga recae sobre los deciles superiores de la población y excluye a las personas con niveles más bajos de recursos. Por ello, fortalecer la carga de estos impuestos es focalizar la política de ingresos públicos donde es más necesario y recomendable hacerlo: pagan las personas que pueden pagar más e incluso en una proporción mayor (un impuesto es progresivo cuando una persona que gana el doble que otra, paga más que el doble de ese impuesto).

Esa reforma ataca otro problema fundamental que permite avanzar en pos de la igualdad de las personas (con iguales condiciones) ante la ley: dos individuos con iguales ingresos originados en distintas fuentes (uno en el trabajo y otro en renta del capital) pagarían los mismos impuestos, como es justo que suceda.

En definitiva, la iniciativa es un primer paso para avanzar en la ardua tarea de mejorar el funcionamiento del Estado, atacando una de las principales metas del sistema de ingresos públicos, que es atenuar la desigualdad existente luego del pago de impuestos.

* Coordinador del Programa de Política Fiscal-Cippec.