Ríos de tinta han corrido alrededor de las virtudes, alcances y limitaciones del crecimiento económico. En ocasiones se ha considerado que el mero hecho de que el sector industrial tuviera una alta participación en el producto o en el empleo era suficiente demostración del camino industrializador, promisorio, que se estaba recorriendo. Pero no dejarse llevar por tal simplificación no anula la relevancia y la pertinencia de la adecuada cuantificación del proceso que estuviera en curso.

Argentina no ha estado al margen de ese tipo de vaivenes. Claro que lo que ha quedado en la memoria de la sociedad no siempre se corresponde con los datos proporcionados por la información estadística. Sólo a título de ejemplo, imaginemos una simple consulta pública que indagase sobre lo acontecido durante el primer gobierno peronista en materia de empleo industrial. El ejercicio arrojaría sin dudas un balance de gran significación que podría sintetizarse en una frase más o menos así: el país se industrializó en ese lapso en asociación con un fuerte proceso de sustitución de importaciones, lo que se habría expresado en un importante proceso migratorio a las ciudades, en particular al Gran Buenos Aires, debido al enorme crecimiento de la clase obrera industrial.

Sin embargo, los datos dicen que el ritmo de aumento de empleo asalariado en el sector fue mucho mayor entre mediados de los años treinta y el término de la guerra (se duplicó) mientras que desde 1946 a 1954 sólo aumentó algo más del 10 por ciento. En cambio, creció enormemente el número de pequeñas empresas (casi) sin asalariados, lo que se expresó en que los patrones y familiares sin remuneración fueron los que dinamizaron el aumento del empleo del sector, no así los asalariados en ese período. Los datos y la memoria transitan terrenos diferentes.

Algo parecido, probablemente, nos pase en la actualidad. Rara vez el análisis que se realiza considera las distintas etapas socioeconómicas por las que atravesó la Argentina. Desde muchos lugares, especialmente oficiales, se alude al fuerte proceso reindustrializador reciente. Los datos de empleo de la treintena de ciudades en que se releva la Encuesta Permanente de Hogares muestran que entre fines de 2002 y comienzos de 2011 se crearon poco más de trescientos mil puestos. De ellos, la gran mayoría son asalariados protegidos aunque también hay más precarios. Los no asalariados casi no cambiaron.

Este dato genera dos reflexiones. De un lado, que el aumento entre el fondo de la crisis y la actualidad, aun expandiendo esos valores de la EPH al total de la población del país, difícilmente alcance el medio millón de puestos (mucho menos que la mitad de lo anunciado en un desafortunado comunicado oficial de comienzos de enero). Al mismo tiempo, dentro del conjunto del empleo, el ritmo de aumento del sector industrial ha estado levemente por debajo del promedio.

Pero por otra parte, si miramos un poco más atrás, por ejemplo hasta comienzos de la última década del siglo pasado, la diferencia en veinte años es negativa en más de 300 mil puestos (75 por ciento protegidos, 15 precarios y el resto patrones y cuentapropistas). Por lo tanto, la dinámica reciente es muy difícil que pueda ser caracterizada como sostenida en el aumento del empleo industrial (dado que éste bajó del 14 al 13 por ciento su participación en el empleo total). Incluso el producto sectorial, a precios corrientes, también cayó un punto su participación, desde 2002. Por otro camino, también aquí la apreciación generalizadamente difundida y los datos que deberían ser su soporte, se distancian.

Todo ello –sumado al hecho de que la evolución del empleo en los años 2000 ha tenido una dinámica fuertemente positiva en los primeros años poscrisis, pero de preocupante estancamiento ulterior– nos genera la necesidad de discutir más profundamente las características de la evolución económica y laboral recientes y de sus perspectivas, controlando los sesgos ideológicos que suelen despegarnos de la realidad.

Seguramente lo importante estará menos en el número frío del dato sectorial y más en el contenido del proceso económico y social en general, es decir en el desarrollo socioeconómico y en el diseño de un horizonte para la sociedad argentina. Y ese contenido global deberá también sustentarse en información fehaciente, lo cual hoy en Argentina –cinco años después de la intervención al Indec– no es una tarea fácil

* Director del Ceped/UBA e Investigador del Conicet.