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Por Fernando Krakowiak

El tema estuvo ausente en la campaña electoral, pero será una de las cuestiones que deberá resolver el futuro gobierno. A casi nueve años de su creación, el régimen previsional de capitalización sigue siendo un gran negocio para las AFJP y un sistema muy oneroso para los trabajadores. De los 27.833 millones de dólares que los contribuyentes aportaron desde 1994 sólo queda en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones el equivalente a 13.027 millones de dólares (el 46,8 por ciento). Gran parte de esa diferencia fue a parar a las arcas de las entidades que manejan las AFJP, las cuales recibieron 8397 millones de dólares para “administrar” los fondos y abonar el seguro de vida a empresas que forman parte de los mismos conglomerados que ellas integran. Las comisiones de las AFJP siempre fueron altas, pero cuando en noviembre de 2001 el ministro Domingo Cavallo decidió bajar el aporte jubilatorio de 11 a 5 puntos para “alentar el consumo” subieron del 31 al 46 por ciento del aporte, pese a haber bajado en términos absolutos. Desde distintos sectores se coincidió en que ese esquema era imposible de sostener. Por lo tanto, el gobierno de Duhalde fijó un cronograma gradual para llevar nuevamente el aporte a los 11 puntos. La Organización Internacional del Trabajo realizó un diagnóstico del sistema previsional argentino y recomendó que a la suba del aporte no le siguiera un incremento de la comisión porque “la carga administrativa es una de las más altas de América latina y debe reducirse sustancialmente”. Sin embargo, a partir del 1º de julio la suba del aporte a 9 puntos será acompañada por un incremento en la comisión que la mantendrá cerca del histórico 30 por ciento que tantas satisfacciones les trajo a las AFJP.
Con el próximo aumento la comisión promedio de las administradoras subirá un 12,6 por ciento, pero para el 72 por ciento que aporta a las cuatro AFJP más grandes el aumento será del 14,2 por ciento. Mientras el aporte jubilatorio fue de 5 puntos del salario, un trabajador afiliado a Siembra, por ejemplo, llegó a pagar como comisión el 46 por ciento de su aporte jubilatorio. Con la suba a 9 puntos la comisión debería caer al 25,5 por ciento. Pero como Siembra solicitó un aumento del 26,1 por ciento, la comisión quedará en un 32,2 por ciento del aporte.
Las AFJP afirman que el aumento se explica por el incremento en los costos del seguro de vida, pero quienes critican la medida sostienen que el margen de ganancia de las administradoras les hubiera permitido absorber ese aumento. “Incrementaron la comisión para mantener la rentabilidad aprovechando la suba de los aportes”, afirmó a Cash Gerardo Gentile, experto en temas previsionales.
La oligopolización creciente del mercado y la falta de intervención del Estado sirven para explicar por qué las comisiones se mantienen tan altas. Actualmente, sólo quedan 12 de las 27 AFJP que comenzaron a operar en septiembre de 1994. Desde entonces, la porción del mercado que concentran las cuatro administradoras más grandes subió del 49 al 72 por ciento.
Las AFJP no compiten ofreciendo menores comisiones y mayor rentabilidad sino a través de costosas campañas publicitarias donde lo único que aparecen son ancianos felices disfrutando la vejez con música emotiva. A través del marketing, las administradoras buscan diferenciarse sin poner en riesgo el piso de rentabilidad que comparten. La falta de competencia quedó en evidencia con los últimos aumentos. Bastó que una de las compañías solicitara autorización para aumentar para que otras diez repitieran el pedido. La estructura del mercado llevó a la Superintendencia de AFJP a sostener en un trabajo realizado el año pasado que “si bien no se puede afirmar categóricamente que el mercado de AFJP sea oligopólico presenta numerosas características que constituyen los rasgos principales de dicho modelo”.
Encima el sistema tiene cerrada su puerta de salida. Por lo tanto, los trabajadores que quieren pasarse al régimen de reparto no pueden hacerlo.Lo mismo les sucede a los indecisos. Entre 1994 y 2003 el porcentaje de personas distribuidas entre las AFJP por no haber optado entre capitalización y reparto subió del 15 al 80 por ciento del total que ingresa por año. Casi el 45 por ciento de los afiliados al régimen de capitalización nunca optó expresamente por ese sistema. Si la legislación estableciera que quien no opta quede en el régimen de reparto hasta que se decida por una de las dos opciones, las AFJP se hubieran esmerado más para informar a sus potenciales clientes sobre las ventajas del sistema y seducirlos para que contraten sus servicios.
La apatía con el sistema también queda en evidencia con el bajo nivel de aportantes. El régimen de capitalización cuenta con 9,1 millones de afiliados, pero en marzo sólo aportaron 2,9 millones. Cuando se lanzó la jubilación privada sus defensores argumentaron que la capitalización individual incentivaría a los trabajadores a aportar porque podrían llevar un control detallado de su ahorro previsional. Ya no sería como en el Estado, donde nunca se sabía a dónde iba a parar el dinero que se descontaba para la jubilación. Se llegó a pronosticar que la evasión apenas rondaría el 25 por ciento, pero en la actualidad bordea el 70 por ciento. La crisis económica sin duda conspiró contra la recaudación del sistema, pero entre los motivos que explican la falta de pago también se encuentra la desconfianza de la población hacia un Fondo de Jubilaciones y Pensiones donde siempre hubo menos dinero del que los trabajadores aportaron.
El sistema también genera desconfianza cuando se analiza el detalle de la cartera de los fondos. Los trabajadores que optaron por una AFJP para evitar que su ahorro fuera manejado por un Estado al que le desconfiaban, ahora se encuentran con que el 76,3 por ciento de sus fondos está en títulos públicos nacionales o provinciales. Los fondos nunca sirvieron para consolidar un mercado de capitales, tal como se había prometido. En algunos casos las administradoras fueron obligadas por decreto a invertir en Letras del Tesoro para financiar al Estado como ocurrió en diciembre de 2001, pero en muchas otras oportunidades fue por propia voluntad debido a las altas tasas de interés ofrecidas por los títulos públicos.
José Luis Di Lorenzo, presidente del Instituto para el Modelo Argentino, afirmó a Cash que “el sistema de capitalización resultó un fracaso porque será el Estado el que deba responder por las jubilaciones privadas por ser el garante del sistema y el principal tomador de fondos”. El gobierno actual conoce en detalle la delicada situación y es por ello que en septiembre del año pasado creó por decreto una Comisión especial para la Reforma del Régimen Previsional luego de analizar el diagnóstico elaborado por la OIT. Sin embargo, las elecciones congelaron la discusión en torno de la reforma.