Los múltiples mercados que comercializan granos en el país contarán con control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Ministerio de Agricultura. Ambos organismos firmarán esta semana un acuerdo para registrar todas las operaciones de manera online con el objetivo de eliminar asimetrías de precios que reciben los productores. “Resulta oportuno avanzar en la adopción de medidas que fomenten la participación en el mercado de capitales de los actores de la cadena productiva en todo el ámbito del territorio nacional”, agrega el texto de la ley que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, luego de que la resolución sea rubricada por el directorio de la Comisión de Valores.

La iniciativa se enmarca en la nueva ley de mercado de capitales que se reglamentó en enero del año pasado, y en recomendaciones de los países que integran el G-20 junto a instituciones internacionales, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, en inglés). Estos entes recomiendan una formalización, registración y liquidación centralizada de todas las operaciones que se realicen en forma bilateral. La medida fue resistida por las corporaciones ruralistas que rechazan la participación del Estado, resistiendo así el objetivo de dar transparencia al mercado. Los mayores controles permitirían evitar la negociación en negro al contar con un registro de granos comercializados.

La producción agraria se opera a través de distintas modalidades y ámbitos en los cuales se concretan negocios denominados como disponibles (para entrega inmediata), contado, a término (futuros), forward (derivados) y destinada a “fijar precio”. Las reglamentaciones incluirán todas estas formas con el objetivo de limitar las transacciones entre productores, acopiadores y cooperativas, por el lado de la oferta, y exportadores, industriales y acopiadores, como componentes de la demanda, según señala la normativa que, en una primera etapa, formalizará aquellas transacciones de compraventa de contado y a plazo.

La normativa reconoce que los productos agropecuarios forman parte de los activos transables en mercados financieros y, por tanto, son susceptibles de especulación, lo que conlleva la necesidad de generar un mecanismo de control. Todos los productores primarios y secundarios deberán inscribirse en el Registro Unico de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), creado por la resolución 302 del 15 de mayo de 2012. Este registro incluirá la totalidad de las operaciones, del productor al acopio y desde este último al exportador. Este control permitirá al Estado evitar también las presiones de aquellos productores, acopios o exportadores que decidan retener parte de su cosecha como un mecanismo de especulación financiera. “También desalienta la transferencia de rentas desde la producción a los sectores de la exportación y de la industria”, señalaron a este suplemento funcionarios que redactaron la medida.

La resolución apunta a que las operaciones se vuelquen en su totalidad a las Bolsas de Cereales, aunque aclara que los contratos directos entre productores y exportadores seguirán vigentes y no sufrirán modificaciones en su normativa. Tampoco se dejará de lado el mercado de piso, un reclamo de las autoridades de las bolsas de cereales, aunque en un futuro cercano la tecnología terminará por desplazarlo, señalaron fuentes oficiales. Los mercados y las bolsas deberán implementar las medidas necesarias para proceder a la interconexión de sus sistemas informáticos de negociación y registro con la Comisión de Valores dentro de los diez días de entrada en vigencia de la normativa.

La resolución también prevé la creación de un Registro de Laboratorio de Análisis de Calidad, para que haya un conocimiento acabado de la calidad de las distintas producciones. De esta manera, los productores podrían cobrar un plus por los granos más aptos.

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