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Por Fernando Krakowiak

El Gobierno propagandizó en las últimas semanas un conjunto de obras públicas como parte de un plan neokeynesiano elaborado para reactivar la economía. Se anunciaron planes de pavimentación, construcción de viviendas, canalización de ríos, instalación de redes de alta tensión y hasta la restauración de la Basílica de Luján. El presidente Néstor Kirchner señaló que la inversión pública es una de las prioridades de la nueva administración. Sin embargo, hasta el momento no hubo una decisión tendiente a incrementar las partidas destinadas a vivienda e infraestructura. Lo que se está queriendo hacer es ejecutar el mismo Presupuesto de 2002 tratando de evitar los desvíos, las subejecuciones y los recortes que se produjeron durante la gestión de Duhalde. Esa medida le permitirá al Gobierno elevar la inversión real para este año de 2460 a 6125 millones de pesos. Según la Cámara Argentina de la Construcción, por cada millón de pesos invertido en el sector se generan 60 puestos directos e indirectos de trabajo. Por lo tanto, si se lograra ejecutar la totalidad de los recursos disponibles se podrían generar 367 mil nuevos empleos. Aunque para ello hará falta revertir la situación irregular que se consolidó en los últimos años a raíz de sucesivas crisis fiscales capaces de justificar la reasignación de fondos destinados a inversión para financiar gastos corrientes.
En el Presupuesto 2002, se habían asignado 1300 millones de pesos para construir viviendas Fonavi y realizar obras de infraestructura, pero se gastaron sólo 1000 millones porque se construyeron la mitad de las viviendas pautadas. La libre disponibilidad del ciento por ciento de los recursos del Fonavi acordada en febrero de 2002 entre Nación y provincias les permitió a los gobernadores pagar sueldos con el dinero destinado a las viviendas, posibilidad que todavía está vigente. Esta situación generó que a junio de 2003 se encuentre paralizada la construcción de 35.900 viviendas Fonavi, el 60 por ciento de las que se deberían estar construyendo.
A través de los fondos fiduciarios destinados a transporte, infraestructura hídrica, energía eléctrica e infraestructura regional se proyectó ejecutar otros 1335 millones de pesos, pero se cumplió apenas con 660 millones porque se subejecutó la partida asignada al Fondo Hídrico. Mientras que al Fondo Vial se le restó el dinero destinado a subsidiar a los servicios de trenes y colectivos. La no concreción de los proyectos desmitifica la ventaja de ejecutar recursos a través de fondos específicos, supuestamente más protegidos frente a la amenaza de desvíos.
Además, sólo se destinaron a la construcción 800 de los 3500 millones de pesos que debían desembolsar el BID y el Banco Mundial debido a subejecuciones, el redireccionamiento de algunas partidas hacia el Plan Jefas y Jefes y la dilación de la firma del acuerdo con el FMI. El objetivo del Gobierno es poder sumar estos recursos al ejercicio actual, pero no será sencillo. Eduardo Curia, economista de CASE, afirmó a Cash que la disponibilidad de esos fondos “dependerá de cómo se encare la renegociación de la deuda porque las obras públicas no generan divisas, pero luego hay que hacer el repago”.
Los desvíos y las subejecuciones presupuestarias del año pasado hicieron que la inversión pública cayera a un irrisorio 0,7 por ciento del PBI. Si la situación se regulariza podría crecer al 1,6 por ciento del Producto, pero seguiría siendo muy baja. Sobre todo si se toma en cuenta que el país está intentando superar la crisis más profunda de su historia en un contexto donde la inversión privada se redujo a apenas el 7 por ciento del PBI sin que se visualice su recuperación en el corto plazo por la falta de crédito y la incertidumbre que todavía persiste. Si se compara a la Argentina con otros países de América latina la situación es alarmante. En Chile la inversión pública suma el 5 por ciento del Producto y la privada el 9,8 por ciento. Mientras que en México, el Estado invierte el 2,5 por ciento del PBI y los privados el 12,2 por ciento.
En el Gobierno saben que si se le otorga un fuerte impulso a la construcción podrían ayudar a consolidar una reactivación sostenida que sirva para recuperar el nivel de empleo. Históricamente el sector ha servido para acelerar la recuperación en momentos de crisis debido a que suele crecer más rápido que el resto de la economía y su impacto se evidencia de manera casi inmediata. Además, cada millón de pesos que se destina al sector se genera una demanda derivada similar en un amplio conjunto de proveedores que actualmente concentran el 12 por ciento del PBI.
La producción de cerámicos, acero, artefactos sanitarios, maderas y cemento está subordinada casi exclusivamente a la construcción. Mientras que la facturación en la industria del mueble, los artefactos domésticos, los productos de grifería y los equipos eléctricos depende casi en un 50 por ciento de la suerte que experimente este sector. Sin embargo, Kirchner ha decidido hasta el momento simplemente intentar emprolijar las tareas de su antecesor sin producir grandes transformaciones. El objetivo apunta a mejorar la inversión lentamente sin alterar el esquema distributivo vigente ni poner en riesgo el superávit primario de 2,5 puntos del PBI que se acordó con el FMI. Para Claudio Lozano, economista de la CTA, es imposible esperar una reactivación vía obra pública “sin caer en déficit o modificar el esquema tributario”. Mientras que para Eduardo Curia la obra pública puede repercutir en el empleo aunque aclaró que “no deben generarse grandes expectativas porque el avance será lento”.
El impacto sobre el empleo también dependerá del tipo de obra que se ejecute. Se calcula que las obras de infraestructura generan 40 puestos de trabajo directos e indirectos por cada millón de pesos invertido, mientras que las viviendas demandan 80 trabajadores por igual monto, cifra que podría ampliarse si parte de los recursos se administran a través de ONG o pymes que privilegien el trabajo intensivo. Carlos Fidel, economista de la Universidad de Quilmes, aseguró a Cash que “las modalidades de diseño participativo podrían mejorar la eficiencia y la demanda de empleo, pero se ejecuta menos del uno por ciento de los recursos con esos fines”.
La inversión de 240 millones de pesos que se destinó a la red de alta tensión Choele Choel-Puerto Madryn la semana pasada le aportará amplios beneficios a la población a partir de las inversiones que tiene proyectadas en la región la empresa Aluar. Pero la obra en sí misma tendrá un impacto bajo a nivel de empleo si se lo compara con el que puede generar un plan de viviendas económicas. Lo mismo sucede con los 724 millones de pesos que se piensan destinar en los próximos tres años a 24 obras contra inundaciones, con los recursos proyectados para las autopistas Rosario-Córdoba y La Plata-Campana y con el dinero que insuma la pavimentación del Paso de Jama. Proyectos que permanecen pendientes desde el Plan de Infraestructura de Fernando de la Rúa y que han vuelto a estar en carpeta. En las próximas semanas el Gobierno deberá terminar de definir la asignación de los recursos para que la inversión que prometen se traduzca en obras públicas capaces de combinar empleo y desarrollo.