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Domingo, 12 de julio de 2015

POBLACIóN, FEDERALISMO E INFRAESTRUCTURA

Desigualdad regional

El federalismo político se muestra hoy más vital que el federalismo económico. La pregunta es qué lugar ocupa este problema en la agenda política. El Estado debe asumir un rol central si se quiere transformar esta realidad.

 Por Matías Rohmer *

A lo largo de toda su historia nuestro país ha sufrido una marcada desigualdad entre sus diversas regiones. Consolidado el federalismo político, sigue pendiente la tarea de encontrar un modelo de desarrollo capaz de incluir a todas las provincias y asegurar el adeudado federalismo económico.

Mientras avanza el proceso electoral que definirá en octubre al nuevo jefe del Ejecutivo Nacional, se van sucediendo las elecciones a gobernador y otros cargos de carácter provincial. El sistema federal, basado en la autonomía política de cada provincia, muestra estar vigente y saludable. Con más 30 años de democracia, las sociedades provinciales muestran valorar y ejercer plenamente su autonomía local.

Sin embargo, estas tres décadas modificaron sustancialmente el mapa productivo y social, así como el rol del Estado y el capital privado en nuestra economía. Estas transformaciones parecen haber favorecido la continuidad de un grave problema de larga data: la enorme desigualdad regional que caracteriza a nuestro país desde sus mismos orígenes. Así, el federalismo político se muestra hoy más vital que el federalismo económico.

A pesar de sus avances, la democracia argentina no pudo revertir el hecho de que aún hoy la Provincia de Buenos Aires represente un 39 por ciento del total de la población (censo 2010), aproximadamente un 32 por ciento del PBI y un 34 por ciento de las exportaciones. En el otro extremo, Formosa representa el 1,5 por ciento de la población y aporta alrededor de un 0,5 por ciento del PBI y 0,1 por ciento de las exportaciones.

Desde una perspectiva regional, las tres provincias núcleo de la Pampa Húmeda (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) representan un 45 por ciento por ciento del PBI, el 55 por ciento de la población y el 70 por ciento de las exportaciones. En contraste, las diez provincias del norte argentino (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta Jujuy, Santiago, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) representan en conjunto el 21,3 por ciento del total de la población, y aportan el 10,3 por ciento del PBI y el 8,1 por ciento de las exportaciones. Estos fuertes contrastes se reflejan, a su vez, en la estructura de ingresos públicos de cada jurisdicción, donde las provincias de la Pampa Húmeda (incluyendo la Ciudad de Buenos Aires) manejan, en promedio, recursos que provienen en un 53 por ciento de recaudación propia, mientras en las diez provincias del norte los ingresos propios son sólo del 15 por ciento, dependiendo así todas ellas de los recursos provenientes de la coparticipación federal.

En una mirada más social, según datos del censo 2010, las diez provincias del norte tienen en promedio una cobertura cloacal del 41,6 por ciento, un 17,3 por ciento promedio de acceso a gas de red y un 31,7 por ciento promedio de acceso a una PC en el hogar. En la ciudad de Buenos Aires, dichos valores ascienden a 98,2 por ciento en acceso en cloacas, 92,2 por ciento en gas de red y 68,7 por ciento de acceso a una PC en el hogar.

En un país de casi 3 millones de km2, los escasos 300 km lineales del eje agro-industrial Rosario-Buenos Aires-La Plata concentran unos 15 millones de habitantes mientras que entre El Calafate y Esquel se extienden 900 Km. en los que apenas viven unas 100 mil personas. Sólo el partido de La Matanza agrupa la misma población que la suma de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.

Suele decirse que nuestro país es un territorio despoblado. Debemos romper con esta falsa idea ya que la Argentina, con 40 millones de habitantes, no es hoy un país despoblado, sino un país sumamente mal poblado. Sus recursos humanos, las fuentes de trabajo, la oferta educativa y de salud, se concentran excesivamente en la porción húmeda y llana del este. Pero, aunque muchos lo ignoren, dos tercios del país (Cuyo, la meseta patagónica, las montañas del noroeste, el Chaco occidental) son técnicamente un desierto. ¿Cuál es, entonces, el modelo de desarrollo para estas zonas áridas y montañosas? ¿Qué esfuerzos está dispuesta a hacer la sociedad para lograr el progreso de las mismas? ¿Es posible comprender desde la cultura y la agenda mediática predominante que en muchas áreas las preocupaciones suelen ser otras, como la falta constante de agua, la ausencia de un médico o la carencia de gas de red? El fuerte y persistente desequilibrio regional demuestra que estas preguntas no han encontrado respuesta, o bien que aún no se ha encontrado un modelo de desarrollo capaz de incluir en el mismo a todas nuestras regiones.

En estas áreas postergadas, el sistema pampeano basado en el agro y la ganadería ha sido y sigue siendo una utopía en un ambiente dominado por la aridez y la montaña. El modelo agroexportador obliga a relegar a una amplia porción del país donde la naturaleza no otorga las ventajas naturales de la Pampa Húmeda. Asimismo, allí todo desarrollo industrial necesitará de un fuerte impulso, protección y subsidio estatal. Lograr el progreso de estas regiones requerirá de un costo que la sociedad debe asumir y comprender. A modo de ejemplo, optamos por pagar electrónicos más caros que en otras partes del mundo o relegamos a Tierra del Fuego a ser por siempre el inhóspito fin del mundo.

Desde 2003 se han dado pasos importantes atendiendo a esta problemática. Se avanzó en el desarrollo de infraestructura básica sin la cual ese desarrollo será siempre imposible. Líneas de alta tensión, gasoductos, mejoras en infraestructura escolar, de salud, y agua potable, fomento de actividades turísticas, impulso a la polémica actividad minera, mayor conexión aérea, nuevas rutas, renovación ferroviaria. Se hizo mucho y, sobre todo, parece haberse puesto atención al problema. Tanto como que todo ello resulta aún insuficiente.

Frente a este panorama y el próximo cambio gubernamental, la pregunta es qué lugar ocupa este problema en la agenda política. Más allá de vagas enunciaciones, no se observa que el mismo tenga el lugar que su magnitud amerita. En definitiva, la sociedad en su conjunto ha olvidado esta cuestión o ha sido incapaz de comprender que esta desigualdad no es algo inmodificable. Las adversidades naturales de ciertas regiones pueden y deben ser reparadas por el Estado en pos de un desarrollo equilibrado, tal como lo fija la propia Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19.

Ante tal situación al menos parece haber una certeza: el mercado por si solo no puede ser el mecanismo que logre achicar la histórica brecha regional. Por su propia lógica, el capital buscará establecerse donde están los centros consumidores y la mayor y mejor oferta de recursos humanos, naturales y financieros. Y en un círculo vicioso, la oferta laboral y de servicios atrae población de las zonas más postergadas, anclando a estas en una mayor desigualdad relativa aún. De tal forma, inevitablemente será el Estado quien deba asumir un rol central y directivo si se quiere transformar esta realidad, y será difícil que aquellos que proponen reducir (o incluso eliminar) impuestos, achicar el gasto y privatizar empresas públicas, tengan los recursos y la voluntad necesarios para alcanzar el federalismo económico que tanto declaman. Un Estado más exiguo, más ausente, no ha sido ni parece ser la respuesta a un problema tan viejo como la Argentina misma.

* Licenciado en Ciencia Política, UBA.

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