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Domingo, 13 de septiembre de 2015

EL POTENCIAL DE UN MINISTERIO DE ECONOMíA POPULAR

Propuesta pionera

No existe antecedente de la creación de una cartera de Economía Popular en la región. Sería una señal importante del tipo de desarrollo que se quiere construir para transformar la matriz económica.

 Por José Luis Coraggio *

Daniel Scioli acaba de anunciar que en caso de ganar la presidencia va a crear un Ministerio de Economía Popular (EP). Hay antecedentes en la región pero no de tal magnitud. Dos ejemplos: en Brasil hay una Secretaría de Economía Solidaria dentro del Ministerio de Trabajo; en la nueva Constitución de Ecuador, se destaca a la EP, y ya existe un Instituto de Economía Popular Solidaria dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La creación de un ministerio sería pionera en la región y daría una señal importante del tipo de economía que se quiere construir.

En Argentina el término “economía popular” ha sido asociado al llamado sector informal, y el de “economía social” quedó pegado a la idea original: promover microemprendimientos mercantiles asociativos de personas excluidas o pobres, considerados “beneficiarios”. Luego se agregó el programa Argentina Trabaja, que tiene otra escala aunque mantiene el sentido de (re) insertar a los pobres en el mismo mercado que los excluyó, muchas veces precariamente y sin sostenibilidad. Igualmente se avanzó en institucionalizar el crédito solidario. Esos programas han sido extraordinariamente importantes en medio de una crisis brutal como la heredada en el 2003 y la imposibilidad del sistema para absorber toda la población que busca trabajo. Pero ahora estamos en el momento de transformar la matriz económica, y la idea de crear un Ministerio obliga a pensar la naturaleza y el potencial de la EP.

Las políticas públicas conceptualizan y tipifican cuales serán las actividades y destinatarios de los programas específicos. Aquí hay mucho que hacer. Para comenzar, hay que superar el mote de “economía informal”, muy asociado a la ilegalidad, el tamaño o la ineficiencia. La mayoría de las actividades de la EP no son ilegales, porque están dentro de la ley o porque no les cabe esa divisoria de aguas. Tampoco son necesariamente de pequeña escala ni incapaces de competir con las empresas. Es significativo que en el acto de anuncio hayan tenido un papel destacado los trabajadores de fábricas recuperadas, lo que ayuda a visualizar el alcance de la EP: el trabajo autónomo, en especial el asociativo, es el factor central. También incide si se la ve como un rebusque temporario o como una fuerza productiva con un gran potencial de desarrollo y capacidad para resolver problemas económicos locales, regionales y nacionales. La multiplicación de redes de economía social y solidaria atestiguan que no se trata de algo pasajero. Cada vez más, universidades y ONG incorporan a su agenda aportar capacidades indispensables a la EP y la Economía Social y Solidaria se ha convertido en objeto de programas de investigación y formación de posgrado.

Alcance

Las redes de software libre son formas de trabajo autogestionado que compiten con los oligopolios de la industria informática, articulando programadores argentinos con decenas de miles de todo el mundo. Y están basadas en la reciprocidad: lejos de patentar y ocultar sus descubrimientos los comparten, todos aportan, todos reciben y sus productos son de acceso libre. Organizaciones como la red de productores del mercado de la Estepa en Río Negro o la red de 55 ferias francas en Misiones garantizan calidad y establecen otro tipo de relaciones entre consumidores y miles de productores artesanales o de la agricultura familiar. Los bancos comunitarios resuelven el acceso a crédito no usurario. Sus redes de comercialización abaratan el costo de vida. En millones de hogares se producen bienes y servicios para el autoconsumo, incluyendo la llamada “economía del cuidado” cuyo valor equivalente de mercado da alrededor de un 15 por ciento del PIB. Las viviendas autoconstruidas ayudan a resolver las necesidades de refugio. Las redes de comercio justo o las cadenas productivas que adoptan tecnologías agroecológicas y propugnan la soberanía alimentaria, son internacionales. Urbanas y rurales, locales, nacionales o internacionales, las actividades de la EP son parte de la economía social, no de “lo social”. Ha sido ocultada por una visión que se limita a conceptualizar una economía mixta de sólo dos sectores: el público y el de las empresas de capital, cuando en la realidad son tres los sectores y todos deben ser valorados en un programa de transformación económica.

Aunque es una vía fundamental para superar la pobreza, la EP no es una economía pobre para pobres. Y aunque necesita complementarlos, no carece de recursos. Justamente los descubre donde parece no haberlos, comenzando por las capacidades productivas del propio trabajo que el capital dice que no tiene rentabilidad. Otro ejemplo notorio es el de las actividades de reciclado, cuyo potencial ambiental y productivo sigue sin ser plenamente valorado. O el uso de tierras urbanas para los huertos familiares o comunitarios y del espacio público para instalar ferias populares. O la conversión de pequeños ahorros en crédito para la producción. O las viviendas como lugares de producción. O el desarrollo de tecnologías sociales para resolver necesidades que las empresas no atienden.

Las funciones

Sin reconocer la EP es imposible entender cómo funciona el sistema económico, cómo pueden vivir las mayorías con salarios que no alcanzan para comprar lo que se necesita para vivir. Hace más de un siglo la teoría económica naciente decidió que esta parte de la riqueza era difícil de medir y que solo se iba a contabilizar la que se transaba en el mercado. Lavar y planchar o cocinar en casa no generaría riqueza, poner una tintorería o un restaurante sí. Y así siguiendo. En la EP no predomina el objetivo de ganar por ganar sino el de reproducir la vida de los trabajadores y sus familias, y cuando es solidaria apunta a fortalecer lazos sociales virtuosos entre estratos de distinta condición social y cuidar el medio ambiente produciendo y consumiendo responsablemente.

Al poner el conjunto de las necesidades y una sociedad más solidaria y justa como sentido de la economía, es evidente que una política de desarrollo de la EP debe ser integral, incluyendo las políticas laborales y fiscales y todos los programas redistributivos: de la AUH, de seguridad social, de medios de producción, de dinero, o de subsidios a bienes públicos como la salud y la educación. Las “políticas sociales” son complementarias y no alternativas a la promoción de trabajo autogestionado. Política social y política económica son inescindibles. Para que la EP produzca debe invertirse en ella. Con buenos recursos puede cubrir parte importante de la demanda de alimentos y textiles. Puede construir barrios enteros, redes de infraestructura, sistemas de comercialización, de transportes, de comunicación o de finanzas. Su capacidad de producir conocimiento e innovar es ilimitada.

Mucho de esto es potencial. Para que despliegue toda su fuerza productiva es necesario amplificar su dimensión solidaria. Cooperación, mutualidad, reciprocidad, redistribución, comunidad, soberanía, autarquía, son valores y relaciones que hacen de la EP solidaria un sector cultural y políticamente estratégico cuando el neoliberalismo propugna el “sálvese quien pueda”. Esto requiere acciones de transformación cultural, comenzando por superar su estigmatización. La economía popular solidaria construye soberanía y sociedad, y sin una valoración correcta de su potencial y políticas adecuadas podríamos desperdiciar esta oportuna y avanzada decisión política.

* Profesor emérito y director de la Maestría en Economía Social, UNGS. www.coraggioeconomía.org

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Imagen: Bernardino Avila
 
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