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Por Gustavo Lopetegui,
Martin Lousteau
y Javier Pereira (*)

La aparición de los sistemas previsionales a inicios del siglo XX fue una de las más importantes reformas estructurales de la época. La antigua costumbre de que los hijos se hicieran cargo de sus padres ancianos, para evitar que cayeran en la pobreza, inspiró a los sistemas de reparto que fueron implementados en los países desarrollados. Los regímenes jubilatorios fueron una pieza más en la conquista democrática que fue la mutación de la “solidaridad optativa” hacia la “solidaridad obligatoria” implementada a través de la Seguridad Social.
Este generoso Estado del bienestar comenzó a crujir debido a que la propia dinámica demográfica, el mayor desempleo y la inestabilidad laboral que provocan una disminución de la razón entre trabajadores activos y jubilados y hacen que la deuda previsional implícita cobre dimensiones preocupantes.
Ante este panorama, los países desarrollados continúan siendo muy prudentes al introducir cambios en sus sistemas previsionales, utilizando medidas que combinan aumento de los ingresos (extensión de la edad mínima para jubilarse y mayores aportes), reducción de compromisos futuros (menor tasa de sustitución del salario) y complementos provenientes de rentas generales cuando el pilar contributivo no basta, mientras se incentiva una muy gradual introducción de las cuentas de capitalización individual como pilar adicional al sistema de reparto.
Si ningún país rico pasó abruptamente a un sistema de capitalización es porque sus regímenes actuales poseen una reputación razonable y porque las estimaciones de los costos de transición arrojan cifras siderales (debe tenerse en cuenta que los países de la OCDE gastan 12% de su PBI en jubilaciones). Este principio también parece válido para países más cercanos a nuestra situación, como es el caso de Brasil. El informe preparado para el presidente Lula por el gobierno en febrero de 2003 comienza con la siguiente cuestión: “¿Por qué la adopción de un régimen de capitalización es inviable en Brasil?.” La respuesta –obvia– es que ello se debe a la magnitud de los costos de transición que equivaldrían, según la fuente, a valores que oscilan entre 188% (Banco Mundial) o 250% del PBI (FIPE y Fundación Getulio Vargas).
En la Argentina fuimos bastante más osados y diez años después de la reforma vale la pena revisar los resultados obtenidos:
Menor cobertura: Existen hoy 830.000 personas mayores de 65 años sin cobertura previsional que pasarían a ser más de 3.500.000 en 2025 si no se modifica el sistema vigente.
Costo fiscal: Los aportes derivados a las AFJP hasta el 2001 fueron cercanos a 26.000 millones de pesos, que se transforman en casi 36.000 millones con los intereses por la mayor deuda que generaron. Este costo fue creciendo año tras año llegando en el 2001 a representar 2,6% del PBI y fue sufragado por las provincias (58%) y la Nación (42%) ya que la brecha fue cubierta con detracciones de la masa coparticipable.
El promedio del déficit de la Nación entre 1995 y 2001 que fue de 1,8% del PBI habría sido de 1% si no se hubieran derivado aportes a las AFJP. Más llamativamente, el déficit fiscal del conjunto de las provincias que fue del 1,1% del PBI, habría sido nulo. Si bien es cierto que el resultado primario muestra en las provincias una actitud fiscal más laxa que en la Nación (entre 1991 y 2002, las cuentas de la Nación exhiben un superávit primario de 1% y las provincias un déficit de -0.7% del PBI), pareciera que la mayor irresponsabilidad fiscal de los gobernadores fue aceptar embarcarse en una imprudente reforma previsional.
Los pobres resultados sugieren que sería prudente analizar a fondo la experiencia reciente, local e internacional, en aras de conservar aquellos cambios que se juzguen positivos mientras se revisa la forma deimplementación y se corrigen los aspectos deficientes. Entre ellos debe destacarse el hecho de que un sistema previsional basado fuertemente en el ahorro personal es recomendable para sociedades ricas y con buena distribución del ingreso, es decir con capacidad cierta de ahorro.
La realidad marca que la capitalización pura es incapaz de otorgar una jubilación aceptable para las personas de bajos ingresos. Con la acumulación de aportes a una tasa de rentabilidad de bajo riesgo se consigue una jubilación equivalente al 40% del salario, lo cual es obviamente insuficiente, cuando pensamos que el salario promedio ronda los $ 800, y que la gran mayoría de la población se encuentra por debajo de dichos niveles.
Es preciso encarar una nueva etapa en el debate previsional. Se requieren cambios que apunten a varios objetivos simultáneos: cobertura universal, mayor progresividad, menor inequidad entre sistemas, refuerzo de la cultura contributiva, reducción del costo del componente de capitalización y creación de un mercado de capitales para inversiones de largo plazo, todo ello en el marco de una imprescindible neutralidad y previsibilidad fiscal y acompañado de una regulación que defina un modelo de negocio para el sistema de capitalización que no resulte tan oneroso. El redireccionamiento hacia el Estado de parte de los aportes actuales a las AFJP, sintonizando el sistema con la realidad socioeconómica de la Argentina, aparece como un elemento clave para poder satisfacer simultáneamente estos objetivos.
La previsión social es un tema de enorme importancia y que atañe a todos. El rumbo a seguir debería ser el resultado de un profundo y serio debate nacional, con datos y cálculos precisos y avalados por organismos oficiales, a partir de los cuales el Parlamento pueda tomar una decisión racional y con un imprescindible marco de certidumbre.

(*) Economistas. Las ideas expresadas en este artículo forman parte del libro Hacia un federalismo solidario, próximo a aparecer.