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En 2004, los decretos 181 y 182 del gobierno de Néstor Kirchner dieron curso a un proceso de gradual liberalización de precio del gas en boca de pozo, restituyendo las condiciones regulatorias existentes hasta la crisis de 2001-2002. Esta experiencia no fue exitosa porque los productores de gas pretendieron una rápida recomposición del precio por parte de los consumidores industriales. Se produjeron así recortes en el suministro en febrero, que es cuando el gas sobra, porque no se lo emplea para calefacción. Se instaló la idea –nunca corregida, pese a ser totalmente errónea– de que existía en Argentina una crisis energética. El gobierno de aquel entonces no supo, no pudo o no quiso explicar porqué no había tal crisis, sin embargo.

Este episodio impulsó al gobierno a creer menos en el “mercado”, por lo menos en el caso del gas. La respuesta –que pretendía sugerir una retaliación– fue la creación de Enarsa, una empresa sui generis con amplias facultades (poco compatibles con lo que se supone es una empresa comercial).

Fue a partir de ese momento que el gobierno comenzó a adoptar una actitud más cautelosa, apuntando sobre todo a cuidar al sector residencial de fuertes incrementos tarifarios. Se segmentó el precio del gas, pagándose algo próximo al costo de producción a los proveedores locales y abonando precios más altos para el gas importado, antes solo de Bolivia, luego también a través de buques metaneros, una opción que fue desarrollándose rápidamente en el período. La producción local de gas –con el yacimiento de Loma La Lata como su estrella principal– había comenzado a declinar, por agotamiento de los pozos. Si en los ‘90 la Argentina había construido gasoductos solo para exportación a Chile, esta opción dejó de ser viable a medida que aumentaba el consumo y disminuía la producción. Se buscó además premiar el gas “nuevo”, procedente de nuevas prospecciones.

El actual gobierno ha decidido impulsar una rápida recomposición del precio interno del gas, buscando su equiparación al precio de importación ya no del gas, sino de su sustituto (el gas-oil), necesario en los relativamente pocos días en los que la demanda de calefacción implica interrumpir el suministro para otros usos. Éste ha sido el concepto de fondo, más allá de los retrocesos que ha habido, por la resistencia a un incremento astronómico, sumado al de la energía eléctrica. Su argumento: la retracción en la producción de gas obedece a que no se ofrece pagar un precio acorde a los gastos de prospección que se requieren para encontrar nuevas reservas. Ésta es la base para triplicar el precio recibido por los productores de gas.

Todo esto en un entorno regulatorio confuso. El gran déficit del ciclo kirchnerista ha sido en lo institucional: se cambiaron las pautas efectivas de funcionamiento del sector energético, pero esto no se vio reflejado en un nuevo ordenamiento regulatorio. Es así como llegamos a que la Corte Suprema de Justicia ordena realizar audiencia pública para el ajuste tarifario del gas, incluyendo el precio de fluido en boca de pozo, algo que no está contemplado en la letra de la norma vigente, porque se trata de un precio fijado “libremente” en el correspondiente mercado. El gobierno había entendido en 2004 cómo funciona este mercado “libre”; por eso creó Enarsa. Pero no planteó una reforma regulatoria.

Lo que está en juego, de hecho, no son las tarifas referidas a transporte y distribución de gas (que en la letra de la ley es lo único que debería debatirse en audiencia pública): es nada más y nada menos que el uso que debe darse a la renta primaria que originan los hidrocarburos.

Esta renta se origina en el enorme potencial energético de los hidrocarburos, que los torna un insumo sin sustituto inmediato a la vista, y en las diferentes condiciones de su producción. El pozo gasífero “marginal” opera a un costo igual al precio pagado; pero todos los pozos más productivos –que son los más– generan renta. Las empresas petroleras –estatales o privadas, ahora tanto da– reclaman para sí esa renta; lo que buscan es financiar así sus actividades de prospección. Estas actividades son a la vez costos y riesgosas; la renta es a la vez el financiamiento y el “premio” que se otorga a la prospección exitosa, que tiene mucho de apuesta.

¿Es correcto este uso de la renta? Antes de responder esta pregunta, vamos a un tema puntual. Se trata de la cuestión de cuánto debe producirse de energéticos, en este caso de gas. La postura favorita del economista es que siempre el precio debe reflejar la disponibilidad a pagar de la demanda; si éste se fija a un valor muy bajo, habrá demanda “excedente”, que llevará a producir más allá de lo que sería socialmente deseable. El mercado guía así la asignación de recursos en el sentido correcto.

Lo cierto es que la demanda de hidrocarburos responde poco al precio porque son una fuente carente de sustitutos. Esto quiere decir que sabemos cuánto debemos producir, más allá del precio que cobremos (dentro de ciertos límites). La Argentina no aparece como un país excesivamente consumidor de energía. Consume sí mucho gas, pero menos petróleo, porque ésa es su dotación de recursos.

Volvemos ahora al tema del qué hacer con la renta. Podemos coincidir en que puede ser conveniente que ella financie prospección; y podemos reconocer también que la generalidad de las empresas hidrocarburíferas hace prospección. El problema es dónde la hacen. Hemos visto hace pocos años cómo Repsol pergeñó una “argentinización” de YPF que le dio la excusa para distribuir utilidades, para financiar prospección en el norte de África. Esto ocurre porque la percepción general de las petroleras es que la Argentina es un país maduro en términos de recursos convencionales (esto es, ni shale ni tight) y por lo tanto conviene marcharse con la renta a otro lado.

En definitiva, éste es el punto crucial del debate acerca del precio del gas: a quién le otorgamos la renta, y bajo qué condiciones. Hay varios escenarios posibles: la distribución a los consumidores, pagándoles a las petroleras solo el costo presente de producción; la asignación sólo a las petroleras, apostando a que hagan prospección; la formación de un fondo para asegurar que la prospección se realice en Argentina; e incluso el desarrollo de alternativas no hidrocarburíferas, como pueden ser usinas hidroeléctricas o nucleares. Obviamente, son posibles múltiples combinaciones. El autor de esta nota encuentra poco probable que se invierta fuerte en prospección en Argentina.

Lo que debe quedar claro es que la renta es ante todo un recurso de toda la comunidad argentina, no de las petroleras. Ya lo había dicho Carlos III de España: “los jugos de la tierra pertenecen al Rey”. Curiosamente, esta cita fue encontrada en un artículo de 1990, de autoría de uno de los ex secretarios de Energía que tanto abogan hoy día en favor de las petroleras.

* Cespa-FCE-UBA.