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Por Susana Díaz

Pagar impuestos, se sabe, no es simpático. Se trata nada menos que de resignar parte de las ganancias de la actividad económica a favor del Estado, al que en un sentido laxo podría considerarse como “el conjunto de la sociedad”. También se sabe que, no pocas veces, el fisco incurre en excesos que pueden ahogar la producción, en especial cuando se trata de aportantes cautivos y de pequeño tamaño. El gremialismo agropecuario es particularmente consciente de esta problemática y especialmente activo en luchar contra ella. A pesar de las distintas corrientes que existen en su interior –no es lo mismo Coninagro que la Sociedad Rural–, en el campo tributario los alambrados no existen.
Esta semana, a través de una poderosa campaña de difusión, las principales cerealeras del país hicieron escuchar su oposición a la media sanción en Diputados de modificaciones en la legislación penal tributaria. El capítulo de la discordia fue el referido al impuesto a las Ganancias. El proyecto de ley que todavía debe pasar el filtro del Senado establece, en un solo caso, que para el cobro de Ganancias no se considerará el precio que figure en la factura presentada por el vendedor, sino el de los “mercados internacionales transparentes” al día del embarque de la mercadería. Ese solo caso es el de las operaciones realizadas a través de “firmas vinculadas fantasmas”. Esto es, cuando la firma exportadora haya vendido a través de una muy probable operación de triangulación destinada a subfacturar las ventas. Basta recordar que un reciente estudio de la AFIP sobre el comportamiento tributario de las principales cerealeras que operan en la Argentina estableció que estas empresas pagaban 2,75 veces menos Ganancias que el resto de las firmas de la economía. La propuesta elevada por la AFIP es moderada, ya que la extensión de esta modalidad de valuación al total de las operaciones sería un paso eficiente en la lucha contra la subfacturación. Sin embargo, el ente recaudador optó por aplicarlo al único caso descripto.
Así las cosas, las furibundas solicitadas de las grandes cerealeras contra la sanción de la norma resultan lógicas, aunque el argumento de la potencial “destrucción del mercado de futuros” no deja de ser algo absurdo. Menos comprensible, en cambio, resulta la adhesión al reclamo de las entidades que dicen representar a los pequeños productores.