El domingo 25 de julio Cash publicó una interesante columna de opinión titulada “Sobre el 82 por ciento móvil”, donde se expresaba una serie de reflexiones sobre el sistema jubilatorio y las posibles consecuencias derivadas de la implementación de esa medida. En la nota, de forma muy didáctica, los autores explican por qué la aplicación de esa tasa de reemplazo para todos los trabajadores que se jubilarán sería regresiva, en oposición a una intuición básica y a lo expresado por los partidarios de la iniciativa. Aplicar el 82 por ciento uniformemente rompería, en efecto, la razonable tendencia progresiva presente en el cálculo de los haberes jubilatorios que promueve tasas de reemplazo mayores para quienes tuvieron salarios más bajos durante la etapa activa.

Sin embargo, los autores avanzan en otras consideraciones sobre el sistema previsional que merecen algunas consideraciones. Particularmente, parece desafortunada la utilización de la noción de “incentivos” cuando sostienen que si los aportes no están relacionados con las prestaciones, o se promete un beneficio que no sea sustentable, el hecho “es percibido por la gente e incentiva la evasión, generando un círculo vicioso de desfinanciamiento y descrédito del sistema”.

El uso conceptual de la lógica de los “incentivos” aplicado al debate previsional no es nuevo ni inocente. Estuvo en la raíz de las reformas previsionales de los ’80 y los ’90 que experimentó la región y cuya tendencia general fue el avance hacia la individualización de los principios de la seguridad social. El argumento esgrimido ha sido esencialmente que la lógica de los regímenes de reparto se caracteriza por una débil correspondencia entre aportes y beneficios, lo que deteriora el incentivo de los trabajadores a cumplir puntualmente con las contribuciones previsionales. Con los regímenes de capitalización, se aduce, ocurre exactamente lo contrario, por lo que estarían dotados de una especie de superioridad intrínseca.

El ex ministro de Trabajo pinochetista José Piñera, protagonista de la reforma chilena del ’81, fue quien expresó más claramente esta postura cuando sostuvo que “el sistema de reparto tiene una debilidad fundamental en tanto destruye, al nivel del individuo, el vínculo esencial entre esfuerzo y recompensa o, en otras palabras, entre responsabilidades propias y derechos individuales”. Esta exaltación de los incentivos como fuerza rectora del comportamiento, surgida del riñón de la teoría económica neoclásica, asume que las contribuciones a la seguridad social giran básicamente alrededor de la voluntad individual de un agente racional que compara los costos y beneficios de aportar o no al sistema.

Este razonamiento no sólo es engañoso conceptualmente sino estigmatizante: quienes, una vez en la vejez, no alcancen la cantidad de aportes necesarios para jubilarse, deberán hacerse responsables de las propias decisiones tomadas en el pasado. Así, se invierte la determinación causal que determinados procesos sociales generalizados, como el extendido nivel de desempleo (involuntario) y la creciente inserción (no escogida) en el mercado de trabajo informal, tienen sobre la seguridad social. Varios estudios han demostrado ya que la calidad de la estructura ocupacional es la que determina los niveles de cobertura y la densidad de aportes (por ejemplo, el Panorama Laboral 2003 de la OIT). En otras palabras, la ausencia o discontinuidad de las contribuciones personales al sistema no se deben, en la inmensa mayoría de los casos, a una decisión voluntaria del trabajador, sino que responden a una determinada inserción del mismo en la estructura del mercado laboral. Al mismo tiempo, como sostiene Carmelo MesaLago, quizás el experto latinoamericano más respetado en materia de seguridad social, no existe ninguna evidencia concreta que muestre que los diseños jubilatorios privados basados en el ahorro individual hayan conducido al aumento del cumplimiento puntual de las cotizaciones.

Los aportes al sistema jubilatorio son obligatorios, no voluntarios, como las decisiones de inversión o de consumo privado. Es por ello que, en lugar de insistir con la lógica de los incentivos, deberíamos discutir más profundamente aspectos relativos a la capacidad estatal necesaria para seguir avanzando en la regularización de la informalidad laboral existente y, en paralelo, universalizar la cobertura con independencia de la historia contributiva de las personas

* Economista de AEDA y UNQ.