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Si hubo un antro del pensamiento económico convencional en la Argentina fue el Banco Central. Seguramente muchos de los viejos cuadros aportados por el CEMA siguen estando allí. Quizá las nuevas lealtades o el pragmatismo hayan cambiado algunas conciencias, a las restantes no les queda más que los cuarteles de invierno. Debe ser duro para ellos tener que escuchar, aunque de lejos, lo que se dijo esta semana en las Jornadas Monetarias y Cambiarias. Para quienes, en cambio, los cuarteles de invierno fueron los ’90, no deja de ser extraño que, precisamente allí, en una actividad organizada por el BCRA, se escuche la disección crítica del fracasado pensamiento económico convencional.

Atado al poder mediático, este pensamiento tuvo, en contrapartida, una potente capacidad para vulgarizarse hasta tornarse sentido común. En el presente lo intenta de nuevo. Su leitmotiv es la inflación.

Como a nadie escapa, la inflación carcome el poder adquisitivo de quienes tienen ingresos fijos, los asalariados, al menos en el lapso hasta que llega la recomposición vía paritarias. Por esta misma razón afecta más a los trabajadores informales. Para aquellos cuyos ingresos no son fijos, como empresarios y comerciantes, en cambio, “bien manejada” puede ser hasta una oportunidad.

Sucede que con variables monetarias y fiscales controladas, como es el caso del presente, la inflación no es más que un escenario posible de la puja distributiva, puja que, como en las jornadas del BCRA recordó el economista Axel Kicillof, sólo puede funcionar en el contexto de crecimiento económico. Cuando la economía no crece –como lo muestran las estadísticas, no la ideología– este tipo de inflación no puede desarrollarse. Los sucesos argentinos de 1998-2001, con recesión y deflación, grafican esta relación.

Sin embargo, a pesar de los positivos balances de las empresas, la capacidad de los trabajadores formales para recomponer su poder adquisitivo es vivida como una amenaza por una importante porción del establishment. Lo que preocupa en particular al bloque exportador, no sólo el agrario, es la evolución de los salarios en dólares, esto y no otra cosa es el reclamo por la pérdida de competitividad cambiaria.

La forma de enfrentar este problema se propone por la vía de “la agenda económica para después de las elecciones”, la que ya comienza a ser cotidianamente repasada por los medios oligopólicos. Un breve repaso permite identificar las líneas principales de “la agenda”:

- El superávit fiscal está en retroceso. El déficit se disfraza con recursos provistos por la Anses y el BCRA. Se debe bajar el gasto, eliminar los subsidios y recomponer las tarifas de los servicios públicos.

- La inflación es consecuencia de una política monetaria expansiva. El freno debe ser sobre todo monetario, y supone, entre otras cosas, el aumento de las tasas de interés.

- El riesgo país es elevado e impide aprovechar las bajas tasas de interés internacionales. En principio se necesita pagar sin regatear al Club de París para volver a los mercados “voluntarios” de crédito.

- La economía muestra problemas para crear empleo. Ello se debe a todo lo anterior; a la presión tributaria, a la pérdida de competitividad y al riesgo país. Si se solucionan estas variables el empleo volverá a crecer.

Como se observa a primera vista, “la agenda” necesita partir de contenidos de verdad, como los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos a la pérdida de competitividad cambiaria. También es cierto que la economía enfrenta algunas restricciones estructurales para seguir creciendo y que la expansión del empleo perdió velocidad. Seguramente detrás de la agenda mediática existe una agenda real. Pero la primera, analizada en sus propios términos, presenta serios problemas de consistencia.

Si se juntan todas las propuestas se tiene una queja por el déficit y la presión tributaria, pero se excluye una reforma, la que se salva por la vía repetida de bajar el gasto, uno de los motores de la demanda y el crecimiento. También se proponen vías monetarias para combatir la inflación desestimando “la segunda vuelta”, que es la revaluación cambiaria que provocarían estas medidas. Se tiene así que se quiere pérdida de competitividad con medidas que revaluarán la moneda. Luego se vuelve al tópico del riesgo país para aprovechar tasas internacionales, con lo que sólo falta pedir explícitamente el “certificado de calidad” de un acuerdo con el FMI. Por último se reconoce un freno en la creación de empleo, pero se sugiere que el problema se resuelve con medidas recesivas

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