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Por Marcelo Zlotogwiazda

La notable cantidad de paros que hubo en la última semana apuntalan una tendencia hacia un mayor grado de conflictividad social que se viene registrando en los últimos meses, que está básicamente impulsada por los excluidos del sistema productivo y por los gremios del sector público.
De acuerdo a un estudio que la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI) acaba de finalizar por encargo del Ministerio de Trabajo, la conflictividad social se incrementó en abril un 7 por ciento respecto a marzo y un 19 por ciento en comparación con igual mes de 2003, y según varios indicios en mayo se habría repetido el sentido de los cambios y lo mismo sucedería en junio. Estos niveles de conflictividad están todavía lejos de alcanzar los picos que se marcaron durante los peores años de la crisis, pero claramente se ubican por encima de los valores del 2003. Se puede afirmar sin titubear que al final del último verano hubo un punto de inflexión desde una situación que era de relativa tranquilidad.
Analizado con más detalle se observa un panorama muy desparejo. Si bien los piqueteros mantienen un protagonismo considerable como expresión de los excluidos, el crecimiento de la conflictividad fue provocado por los sindicatos vinculados al sector público. El relevamiento de la consultora CISI muestra que los conflictos de los gremios estatales aumentaron un 45,5 por ciento en abril, y el de los gremios municipales un 20 por ciento; es decir varias veces más que el promedio de alzas.
A juzgar por los que está pasando en junio la situación presenta un cambio de matiz. Ahora son los gremios provinciales y municipales los actores fundamentales del conflicto mientras los estatales se han tranquilizado un poco. Esto obedece fundamentalmente a que los empleados estatales tuvieron una recomposición salarial que los otros aún reclaman.
Pero el contraste mayor y de carácter estructural no se da entre los sindicatos del sector público sino entre éstos y los privados que, salvo casos muy puntuales (docentes, transporte, etc.), están desmovilizados.
El bajísimo nivel de protesta de los gremios de la actividad privada tiene varias explicaciones. Una es que el alto nivel de desocupación que aún persiste modera los ánimos reivindicativos, lo que además se agudiza por la precarización reinante en amplias franjas incluso de la actividad formal. Otra causa es, por supuesto, la recomposición salarial que vía sucesivos decretos los han beneficiado mucho más que a los empleados públicos, que en su gran mayoría o han quedado al margen de los aumentos o han recibido porcentajes inferiores. Y en tercer lugar no hay que olvidar que son básicamente los trabajadores de la actividad privada (más los formales que los empleados en negro) los que están sorbiendo del derrame que genera el crecimiento económico.
Los empleados públicos de todos los niveles han quedado mucho más disociados de las ganancias de la expansión económica, debido a que esta se produjo en simultáneo con un brutal ajuste de cuentas en el Estado. Se trata de un ajuste con las particularidades de los que se concretan en períodos no sólo de crecimiento económico sino, además, de fuerte aumento en los ingresos fiscales. Un ajuste que tiene como único objetivo generar superexcedentes destinados a pagar la deuda externa.
En otras palabras, a diferencia de los trabajadores privados que comparten algo de la prosperidad de sus empresas, los empleados públicos quedan muy relegados en el reparto de la holgura presupuestaria. Es así que mientras los ingresos del sector público casi se duplicaron en los últimos dos años, el gasto primario sólo subió un 37 por ciento, y los salarios y erogaciones de la seguridad social apenas un 27 por ciento. La diferencia explica por qué se suceden los records de superávit en las cuentas públicas.
Un contraargumento a lo que surge de la anterior comparación señala que hasta la ruptura de la convertibilidad a fines de 2001, la crisis desatadaen 1998 había impactado negativamente mucho más en el salario privado que en el público, ya que los primeros sufrieron de recortes nominales muy superiores a los del sector público.
Sin embargo, si se analiza con perspectiva histórica los indicadores fiscales, las dos conclusiones básicas que saltan a la vista son otras. La primera es que en los últimos años nunca hubo una elevación tan significativa en los ingresos fiscales como desde que se reinició el ciclo de crecimiento: la recaudación saltó del equivalente a un 16,8 por ciento del Producto Bruto Interno para el promedio de los años 1999-2002 a un 22 por ciento en la actualidad, que es la proporción más alta de la historia. Lo segundo que se destaca es el escaso provecho que han podido sacar de esa mayor torta los asalariados estatales, provinciales y municipales. La conciencia que han tomado de esa asimetría con el transcurrir de los meses es lo que los está llevando a sacudir un poco más el conflicto social, que es decir lo mismo que la puja por la distribución.