En la Argentina el origen del sistema previsional fue fragmentario, incluyendo separadamente los distintos segmentos laborales, hasta mediados del siglo XX, en que la incorporación de los trabajadores al sistema fue generalizada. Desde un principio, y también en toda su historia posterior, proliferaron las estratificaciones que introducían desigualdades injustificadas entre los diferentes sectores ocupacionales, en lo que respecta al nivel de cobertura y las condiciones de acceso a las prestaciones.

Las inequidades se relacionaban también con la utilización política clientelar de los fondos. La administración funcionaba con falta de transparencia, lo que permitía especular con que también lo hacía de manera fraudulenta. La estructura institucional del sistema de reparto era claramente ineficiente. En cuanto a los fondos previsionales, producto de la recaudación de las contribuciones y los aportes patronales, fueron utilizados de modo generalizado para fines distintos de la previsión social.

Esta indisciplina favoreció la aparición del déficit en el sistema, que en 1993 alcanzó el 1,7 por ciento luego de un crecimiento vertiginoso en los años previos a dicha fecha. Esto generaba un debilitamiento del sistema en la capacidad de cumplir con sus obligaciones: en los últimos tiempos incluso llegó a endeudarse con sus beneficiarios, con quienes no cumplía los pagos establecidos por la ley.

Ante esta situación financiera, el Estado recurrió a fondos ajenos a los de su recaudación propia. Así, para mejorar la situación financiera se asignaron al sistema previsional recursos tributarios específicos. Así, “los impuestos internos sobre combustibles, gas y teléfonos llegaron a significar, en 1990, alrededor de la tercera parte de los ingresos del sistema” según una investigación de Carlos Grushka Carlos y Oscar Cetrángolo (2004).

El sistema de reparto no solo era ineficiente e inequitativo, sino insostenible desde el punto de vista fiscal. Pero en 1993 la crisis se agudiza al tomar el ministro de Economía, Domingo Cavallo, la medida de reducir los aportes patronales, con el supuesto objetivo de favorecer la contratación de trabajadores, en medio de un panorama de desocupación creciente.

La medida de estatización de los fondos previsionales de las AFJP abre al Gobierno un desafío para evitar llegar nuevamente a la crisis por una administración ineficiente y un uso incorrecto de los fondos.

* Becaria del Conicet