El recetario auspiciado atávicamente por los organismos financieros internacionales sigue acumulando sucesivos fracasos. A pesar de eso, sus respectivas tecnocracias continúan gozando de buena salud tal como lo demuestra el reciente reposicionamiento del FMI como órgano de supervisión supranacional. La insistencia en repetir la aplicación de políticas que inevitablemente desembocan en crisis periódicas, desafía la advertencia de Einstein acerca de que no debiera hacerse siempre lo mismo si se intenta obtener resultados diferentes.

En el caso argentino, el derrumbe de la convertibilidad posibilitó la implementación de una lógica macroeconómica distinta dando lugar a un crecimiento inédito para su historia reciente. Sin embargo, la implementación del nuevo marco macroeconómico coexistió con regulaciones propias del régimen anterior. Por ejemplo, el sistema financiero continúa funcionando bajo el esquema desregulador impuesto durante la dictadura militar mediante. Esa política fue reforzada durante la década del noventa mediante la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y la adopción de las normas prudenciales recomendadas por el Comité de Basilea. Ese comité –integrado por representantes de países centrales (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos)– recomendó en 1988 la implementación a escala internacional de un conjunto de estándares mínimos de regulación que presuntamente aumentaban la solidez y estabilidad del sistema bancario.

En su trabajo “La regulación bancaria en argentina durante la década del noventa” (Documento de Trabajo Nº 13, Cefida-Ar), Guillermo Wierzba y Jorge Gollala explican que “el propósito principal del Comité de Basilea consiste en evaluar el capital a requerir a cada entidad en relación con el riesgo del crédito (riesgo de incumplimiento o default) involucrado en cada operación”. El Banco Central adoptó esas recomendaciones en 1991 por medio de la circular A1858. Dos años más tarde, se endurecieron las regulaciones al exigir un nivel de capitales mínimos mayor al requerido por el llamado Acuerdo de Basilea. Wierzba y Gollala apuntan que “dicho esquema regulatorio tuvo un sesgo procíclico, esto es, estimuló la expansión del crédito en la fase ascendente del ciclo económico y la retrajo en la fase descendente. Por otro lado, tendió a acentuar el proceso de racionamiento crediticio que suelen padecer las pequeñas y medianas empresas”.

Por otra parte, las normas regulatorias se aplicaron a todas las entidades financieras por igual sin distinguir su escala, implantación territorial, forma jurídica o tipo de clientela. Los datos disponibles demuestran claramente que ese sesgo regulatorio perjudicó crediticiamente a las pymes. Las normas prudenciales implementadas no solamente fueron perjudiciales para el financiamiento productivo, sino que también se revelaron ineficaces para hacer frente a la corrida bancaria del 2001.

La causa de ese fracaso es bastante evidente. Las recomendaciones del Comité de Basilea focalizaron sus previsiones exclusivamente en la operatoria individual de las entidades bancarias, dejando de lado que la solvencia y estabilidad del sistema financiero está ligada indisolublemente a la sustentabilidad del marco macroeconómico.

No tomar en cuenta esta cuestión implica condenarse a repetir los fracasos previos

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