Desde finales del año pasado, muchos temas han suscitado la preocupación de la población a partir de las medidas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. Uno soslayado hasta el momento es el desfinanciamiento de las obras sociales generado por la suba generalizada de precios, los despidos y la pérdida de puestos de trabajo, que está afectando sensiblemente la recaudación de las instituciones prestadoras de servicios de salud y del Fondo Solidario de Redistribución (cuyo objetivo es subsanar las inequidades internas del régimen).

Vale destacar al menos tres efectos principales: por un lado, se encuentra la disminución en los caudales de financiamiento de las prestadoras de salud provocada por la cuantiosa cifra de despidos sufridos a partir del cambio de rumbo impuesto por el nuevo gobierno. Como se sabe, los fondos de las obras sociales provienen de los aportes y contribuciones de los empleados en relación de dependencia, sus respectivos empleadores y de los regímenes impositivos especiales (monotributistas y servicio doméstico). Una estimación del efecto económico de las pérdidas de empleo arroja una merma en la recaudación anual de 3544 millones de pesos. Este deterioro en el caudal de financiamiento repercute directamente en la distribución de los recursos ya que si bien la relación laboral termina con el despido, las obras sociales tienen la obligación de extender la prestación de los servicios por tres meses más. En consecuencia, con un patrimonio inferior deben hacerse cargo de las amplias demandas médicas de la misma cantidad de beneficiarios que tenían antes de las cesantías de empleo. Esta cuestión no sólo genera complicaciones financieras difíciles de subsanar en un contexto de iliquidez general, sino que pone en jaque la sustentabilidad de todo el sistema. Está claro que las instituciones que ya venían con inconvenientes en sus finanzas van a tener mayores problemas para sostener las prestaciones, con impacto en la cadena de pagos de todo el sector.

Los otros dos sucesos se relacionan directamente con la pérdida de poder adquisitivo de las instituciones de la Seguridad Social. Por un lado, se observa que la tasa de crecimiento de los servicios prestados crece con la tasa de inflación. Mientras que, por el otro lado, los salarios (fuente de financiamiento) evolucionan proporcionalmente menos que los índices de inflación. Por tal motivo, ambos escenarios contribuyen con quebrantos para las obras sociales.

No obstante, a pesar de estos detrimentos sufridos en el sistema en su totalidad (conjunto global de obras sociales) que se detallaron anteriormente, debe hacerse un foco especial en el desarrollo de cada institución. Esto ocurre porque si bien la pérdida de 3544 millones de pesos representa el 0,6 por ciento de los fondos acumulados anualmente (más de 545.000 millones de pesos) por este régimen prestacional en 2015, puede en casos específicos significar más del 50 por ciento de su vía financiera.

Bajo la misma línea, se puede observar que estas pérdidas también incitan a una caída en la calidad prestacional en un segmento del mercado que es de vital importancia para el bienestar físico y mental de los aportantes al sistema y su grupo familiar directo. Cabe aclarar que los trabajadores en relación de dependencia (se excluyen los monotributistas y los auxiliares domésticos) pueden adherir a sus parientes inmediatos al sistema sin incurrir en ningún costo adicional. Este tipo de situaciones también provoca problemas de financiamiento porque, por ejemplo, un trabajador casado y con dos hijos aporta lo mismo que un trabajador soltero y sin hijos. Sin embargo, la obra social debe prestar como mínimo el programa médico obligatorio (PMO) a las cinco personas aunque solamente dos contribuyan al fisco.

En síntesis, los efectos de las políticas macroeconómicas no sólo están afectando directamente a los particulares, sino que también están cambiando la ecuación económica de las instituciones de salud. Si se soslaya la relevancia de estos efectos, se pone en riesgo el financiamiento del conjunto de las obras sociales y la prestación de los servicios salud en general. De seguir esta evolución en los despidos y agudizarse el contexto recesivo al que se está conduciendo la economía doméstica, se puede prever el comienzo una acentuada crisis laboral, lo que, sumado a las fallas ya acarreadas en la estructura de captación de recursos, podría desembocar en una crisis sanitaria como la vivida en 2001 y 2002.

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