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Domingo, 6 de noviembre de 2016

OPINION › DESPROTECCION LABORAL EN EL AMBITO RURAL

“Reorganización institucional”

 Por María Victoria Deux *

Respaldado por el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la ley 26.727/2011 de creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) en la órbita del Ministerio de Trabajo, el gobierno de Mauricio Macri restituyó la titularidad plena del organismo al sindicato Uatre. El decreto 1014/2016 firmado por Macri introduce modificaciones sustanciales en el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario de 2011 al declarar la “reorganización institucional” del Renatea y el “reestablecimiento” del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) como ente de derecho público no estatal” (lo que significa el retorno a una ley de 1999). Además, el decreto establece que el nuevo organismo será dirigido por las patronales agrarias y el sindicato Uatre.

En lo que refiere a los derechos de los trabajadores agrarios, el nuevo decreto deja sin efecto el anterior 300/2013 por el cual se reglamentaban numerosos beneficios y protecciones para ellos y sus familias. Algunas de las implicancias inmediatas son:

- Deja de existir la prestación por servicios de sepelio en el ámbito de Renatea y pasa a estar a cargo de la organización sindical Uatre. Los trabajadores de ATE denuncian que la prestación por servicios de sepelios “vuelve al sindicato y estará disponible sólo para los trabajadores afiliados a Uatre. En consecuencia, los trabajadores no afiliados que aportaron durante más de 4 años a esa prestación se verán defraudados por la pérdida de ese beneficio. El Estado Nacional y los trabajadores agrarios habrán perdido 1200 millones de pesos recaudados entre 2012 y 2015, destinados a contener económicamente al trabajador y su grupo familiar”.

- Caducan los demás beneficios que acompañaban la prestación por servicios de sepelio y estaban orientados a la inserción laboral y a la contención social del grupo familiar del fallecido. Se trata de los programas de capacitación y formación, el programa de empleo, las becas de la terminalidad educativa para los menores, la prestación por desempleo, los proyectos productivos familiares, la provisión de espacios de contención para niños, y el traslado del grupo familiar en caso de fallecimiento de trabajadores migrantes.

- Aumentan los requisitos para acceder a la prestación por desempleo de 6 a 18 meses de aportes en los últimos 3 años, para todos los trabajadores agrarios. Esto perjudica especialmente a los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos (trabajadores por temporada).

- Pierden vigencia los beneficios para los trabajadores mayores de 45 años de edad desempleados, quienes dejarán de percibir la extensión de la prestación por seis meses adicionales.

- El sistema de seguro por desempleo dejará de incluir beneficios y prestaciones orientados a la reinserción laboral, la formación y la creación de proyectos productivos para los trabajadores afectados.

- Quedaron derogadas todas las prestaciones especiales para proteger a las presuntas víctimas de trata de personas, a las familias agrarias afectadas por las contingencias climáticas y los distintos programas especiales creados durante la gestión estatal del Renatea para dar contención laboral a los trabajadores temporarios, a los hijos de las familias agrarias desprotegidos durante la jornada laboral, y los programas destinados a la formación, capacitación y alfabetización de la población rural.

Así queda formaliza la pérdida de protecciones para los trabajadores agrarios, proceso que ya había comenzado, a partir del cambio de gestión del gobierno nacional, con el cese de numerosos programas, la interrupción de las denuncias por trata de personas en el ámbito rural, y el despido (acordado con el gremio UPCN) de 600 empleados (el 67 por ciento de su planta permanente), con el completo desconocimiento del Convenio Colectivo del Trabajo y de los derechos reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto implica una avanzada de las patronales agrarias, las mismas que durante la última dictadura militar presionaron para que se derogara el Estatuto del Peón Rural (que lograron), y que hacia finales de los años 90 incidieron en el desmantelamiento de la presencia sindical en los lugares de trabajo

* Investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Rosario.

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