Algunas preguntas circulares reaparecen ante cada crisis o escándalo financiero: ¿Quién regula a los reguladores? ¿Quién audita a los auditores? o ¿Quién califica a los calificadores? Esta última cuestión volvió a adquirir relevancia hace un par de semanas, cuando la calificadora Standard & Poor’s decidió bajarle la nota crediticia a Estados Unidos en relación con la capacidad de pago de su deuda, utilizando cálculos erróneos al sobreestimar los gastos de Tesoro de ese país en 2 billones de dólares. Esta reducción en la nota, la primera en la historia norteamericana, colocó a la deuda del Tesoro un escalón por debajo al correspondiente a los bonos públicos de Inglaterra, Alemania, Francia o Canadá. El daño de esta decisión histórica tomada por S&P no sólo afectó a la reputación del gobierno estadounidense y a la integridad de los mercados, sino que también alcanzó al desprevenido y riguroso mundo académico de las finanzas.

Hasta ese momento, los libros de texto financieros definían a las obligaciones del Tesoro estadounidense como un activo “libre de riesgo”, tomando al interés que pagaban estos bonos como una referencia mínima a partir de la cual se podía calcular el rendimiento en dólares requerido a todos los otros deudores dentro y fuera de los Estados Unidos. En este sentido, la decisión de S&P de bajarle la nota a la deuda pública norteamericana generó un fenómeno que, si bien es frecuente en mercados emergentes, resulta llamativo en los principales países desarrollados. El Estado norteamericano pasó a tener una nota más baja que compañías privadas de ese mismo país, como Microsoft o Johnson & Johnson, que mantuvieron la máxima calificación crediticia.

Como producto de este hecho inédito, seguramente muchas editoriales retirarán urgentemente del mercado cientos de miles de manuales financieros eliminando a la deuda del gobierno norteamericano como ejemplo de un activo “libre de riesgo” reemplazándola posiblemente por los bonos emitidos por la empresa productora de shampoo para bebés más famosa del mundo.

No sólo en el terreno de las calificaciones se observó este fenómeno. Como producto de la mala nota, el mercado financiero de seguros de incumplimiento, que es utilizado por inversores para protegerse ante posibles faltas de pago por parte de deudores, elevó las primas correspondientes al Tesoro norteamericano por encima de los valores referidos a 70 empresas privadas de ese país, que de acuerdo con estos indicadores pasaron a ser menos riesgosas que su propio gobierno.

A modo de ejemplo, el costo del seguro ante un posible incumplimiento del Tesoro de los Estados Unidos en el pago de un bono a cinco años de plazo se elevó a 50 puntos básicos, lo que significa que pagando 50 mil dólares un inversor puede cubrirse ante la falta de pago de un monto de capital equivalente a 10 millones de dólares. Esos 50 puntos básicos se pueden comparar con los escasos 30 puntos básicos que actualmente deben pagar los inversores para cubrirse ante incumplimientos de instrumentos similares emitidos por compañías como AT&T, Gillette u Oracle. Esta reversión de los riesgos no se circunscribe a los Estados Unidos sino que ocurre en otros estados del Primer Mundo europeo, jaqueados por la incertidumbre respecto de si podrán o no hacer frente a sus obligaciones públicas. Tal es el caso de España, donde el rendimiento de los bonos de empresas privadas como Telefónica o Iberdrola se ubica por debajo de lo que rinde la deuda pública española.

Volviendo a los Estados Unidos, entre las empresas que pasaron a pagar primas más bajas que las del propio gobierno se encuentra McDonald’s. Presuponiendo, como corresponde, que los mercados operan racionalmente manejando información perfecta, es lógico inferir que los inversores consideran más factible que los Estados Unidos incumplan el pago de su deuda a que los ciudadanos de ese país dejen de ingerir esas calóricas, grasosas y célebres hamburguesas

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