Hace unas semanas, el ministro de Hacienda anunció su plan fiscal y metas de inflación, proyectando para 2016 un déficit primario de 4,8 puntos porcentuales del PBI y una inflación entre el 20 y 25 por ciento. De acuerdo a Prat-Gay, esas metas implican una reducción del déficit en un punto del producto, y una desaceleración de la inflación que ubicó a finales de 2015 en el 30 por ciento. La relación entre la meta fiscal e inflacionaria fue desarrollada por el actual ministro al señalar que si “ordenamos la cuestión fiscal, no vamos a estar pidiéndole al Banco Central que nos saque las papas del horno” y, de esa manera, podrá “ir controlando la inflación”.

Si se considera que el déficit fiscal primario de 2015, medido tradicionalmente, se proyecta en 2,3 puntos porcentuales del PBI, en lugar de su reducción, se estaría planeando un incremento del mismo. La paradoja se resuelve por una creativa contabilidad fiscal con que Prat-Gay incrementó artificialmente el déficit de 2015 hasta los 7,1 puntos del producto (ver el mito de la semana pasada: “El déficit más grande de los últimos 30 años”), dando un margen para que cualquier resultado fiscal que se realice este año luzca como exitoso.

Algo similar sucede con la inflación, que hasta antes de las elecciones rondaba el 24-25 por ciento anual de acuerdo a estadísticas provinciales, es decir, dentro de las metas proyectadas por la nueva gestión para 2016. Por lo tanto, el objetivo de Prat-Gay en materia inflacionaria es retrotraerla a los niveles que tenía antes de que las subas de precios se aceleraran por los anuncios, luego concretados, de una devaluación brusca del valor de la moneda nacional. Al respecto, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis marcan una inflación en diciembre de 3,9 por ciento (58 por ciento anualizada) y 6,5 por ciento (112 por ciento anualizada), respectivamente, mostrando el costo de la “salida del cepo” en materia de inflación y pérdida de poder de compra en los ingresos de la población.

Volviendo a la vinculación entre déficit fiscal, emisión e inflación, para la visión ortodoxa, la economía privada se encuentra siempre en perfecto equilibrio y en el máximo de sus posibilidades productivas. Dada esa situación, un exceso de gasto sobre los ingresos públicos financiado por la vía de la emisión, deriva en un exceso general de demanda ante el cual los empresarios responden aumentando los precios y, por ende, generando inflación. Obviamente, la explicación no cierra si la economía se encuentra con desempleo de su mano de obra y capacidad productiva ociosa de las empresas. En ese caso, el exceso de demanda puede cubrirse mediante incrementos de la producción sin generar aumentos relevantes de precios.

Pero dejemos la teoría y veamos los números de inflación (en base a estadísticas provinciales) y déficit de los últimos años. En 2006 hubo superávit primario de 3,5 puntos del PBI y la inflación cerró en 9,2 por ciento anual. Para 2008 se mantuvo un superávit (aunque algo menor: 2,5 puntos del PBI), sin embargo la inflación se disparó al 22,1 por ciento anual. En 2009, el superávit se redujo un poco más, al 1,2 por ciento del producto, pero la inflación en lugar de aumentar, descendió a 14,7 por ciento.

Por su parte, en 2014 hubo un déficit primario de 0,9 puntos del PBI y la inflación cerró en 36,3 por ciento. En 2015, el déficit primario fue bastante superior (2,3 puntos del PBI medido tradicionalmente y de 7,1 puntos según la fantasiosa contabilidad PRO), sin embargo, la inflación descendió hasta cerrar cerca del 26 por ciento (en el 30 por ciento según Prat-Gay). Es decir, los números de nuestra economía muestran que no hay una relación clara entre déficit e inflación, por lo que las causas de los aumentos de precios y sus soluciones habrá que buscarlas en otro lugar.

@AndresAsiain